Tras la baja de códigos de débito que aplicaban intereses de hasta el 340%, la provincia fijó topes estrictos a los créditos y además dispuso refinanciaciones al 35% de tasa.
La Legislatura del Chubut aprobó este jueves el proyecto enviado por el Gobierno provincial para proteger los ingresos de los empleados públicos, jubilados y pensionados. La nueva normativa establece topes a las retenciones directas sobre los haberes, regula el costo de las prestaciones crediticias y crea herramientas de asistencia para familias en situación de vulnerabilidad económica.
La medida surge como respuesta a la detección previa de operatorias financieras que alcanzaban tasas efectivas anuales superiores al 340%, situación que derivó en la cancelación inicial de diversos códigos de descuento automáticos por parte del Ejecutivo.
Al respecto, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres remarcó el alcance de la sanción legislativa y señaló que “dimos un paso fundamental para terminar con un sistema que durante años permitió que algunas entidades hicieran un negocio con la necesidad de los trabajadores. A partir de esta ley vamos a tener reglas claras, límites concretos y herramientas para proteger el salario de los chubutenses”.
Puntos clave de la nueva normativa:
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Tope a las deducciones: La suma de todos los descuentos practicados no podrá superar el 25% del haber bruto del agente o pasivo provincial.
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Resguardo del ingreso mínimo: El sueldo neto resultante tras las retenciones no podrá ser inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil, al tiempo que las asignaciones familiares quedan totalmente exentas de descuentos.
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Límite de tasa de interés: El Costo Financiero Total (CFT) de los préstamos otorgados bajo este régimen no podrá exceder en más de cinco puntos porcentuales la tasa de préstamos personales informada por el Banco del Chubut.
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Programa de Alivio Financiero: Destinado a grupos familiares con ingresos menores a 10 Salarios Mínimos que busquen refinanciar deudas de tarjetas o créditos personales, con una Tasa Nominal Anual máxima del 35% y plazos de devolución a partir de los 24 meses.
Asimismo, la ley impone la creación del Registro de Entidades Habilitadas y exige que cada descuento cuente con la autorización expresa e individual del titular, obligando a las financieras a transparentar previamente el costo total, el desglose de comisiones y los intereses de cada operación.