Tras la controversia por el hábeas corpus que amplió el régimen de salidas de seis reclusos en Comodoro, la magistrada cruzó al gobernador y expuso la falta de obra social y salarios adeudados.
La jueza penal Mariel Suárez quedó en el centro de una fuerte controversia política e institucional luego de autorizar la ampliación progresiva del tiempo fuera de celda para seis reclusos alojados en la Comisaría Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia. Frente a los duros cuestionamientos públicos encabezados por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, la magistrada salió al cruce de las críticas y denunció que atraviesa una situación sistemática de “violencia institucional” desde su restitución en el cargo.
El conflicto de fondo se desencadenó a partir de un hábeas corpus colectivo presentado por la Defensa Pública, mediante el cual se constató que los internos permanecían encerrados hasta 22 horas diarias por la falta de recursos humanos y materiales para garantizar actividades de esparcimiento. Tras un acuerdo entre la defensa, la Policía del Chubut y las autoridades de Seguridad, Suárez homologó un esquema progresivo para extender la permanencia fuera de los calabozos de una a seis horas por jornada, destinadas a tareas de aseo y recreación, sujetas a estricto control de conducta y refuerzo de custodia.
La homologación judicial provocó una reacción inmediata del Ejecutivo provincial. El gobernador Ignacio Torres tildó la decisión como “una tomada de pelo más” y recriminó públicamente que existan magistrados con mayor preocupación por el bienestar de los condenados que por la seguridad ciudadana y el resguardo de las víctimas de delitos.
En respuesta a las críticas políticas, Suárez expuso la compleja situación laboral que atraviesa en la órbita judicial. Según relató, al tramitar un certificado de servicios para inscribirse en un concurso de cargos, la administración le expidió un documento que incluía antecedentes de su anterior proceso de destitución, omitiendo que el propio Superior Tribunal de Justicia (STJ) había declarado la nulidad absoluta de lo actuado. Para rectificar el instrumento, la funcionaria debió recurrir a la Oficina de Género del tribunal superior.
Sumado a las irregularidades administrativas, la jueza precisó que actualmente no cuenta con cobertura de obra social ni ha percibido la totalidad de los haberes que le corresponden tras su reincorporación. Remarcó que ejerce la magistratura penal desde el año 2009 y que la falta de prestaciones de salud coloca su integridad física en un estado de desprotección arbitrario.
Por otra parte, Suárez se refirió al estigma generado por las imágenes difundidas en 2021 dentro del Instituto Penitenciario Provincial de Trelew. La magistrada cuestionó el abordaje mediático persistente que vincula dicho episodio con su destitución, recordando que la decisión que la dejó fuera del cargo fue anulada en su totalidad por las instancias superiores correspondientes.
Recordamos que el video viralizado a fines de 2021 dentro del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew mostraba a la jueza Mariel Suárez besándose y compartiendo mate con Cristian “Papeleto” Bustos, un recluso de alto perfil que acababa de ser condenado a prisión perpetua por el asesinato de un policía (un juicio donde ella misma había integrado el tribunal).
Finalmente, la funcionaria confirmó que evalúa iniciar acciones legales frente a los pronunciamientos del gobernador Torres, al tiempo que ratificó su decisión de continuar participando de los concursos internos para ascensos en el Poder Judicial. Exigió ser evaluada en igualdad de condiciones institucionales respecto a cualquier otro postulante y aseguró que mantendrá el ejercicio regular de sus funciones en la provincia.