La auditoría impulsada por el Superior Tribunal de Justicia determinó que el Equipo Técnico Interdisciplinario cuenta con personal, infraestructura y herramientas suficientes para funcionar. El informe identificó demoras vinculadas a cuestiones organizativas y propuso una serie de medidas para optimizar el servicio antes de dar por finalizada la intervención.
La jueza de Cámara Dra. María Marta Nieto elevó al Superior Tribunal de Justicia el informe final del Plan de Intervención sobre el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de Comodoro Rivadavia, en el que concluyó que el organismo no presenta problemas estructurales ni de recursos, sino dificultades de articulación y funcionamiento interno.
El reporte fue elaborado tras completar las cuatro etapas previstas en el Acuerdo Plenario N.º 5659/2026, que incluyeron auditorías de casos, diagnósticos organizacionales y evaluaciones de recursos humanos y materiales.
Entre las principales conclusiones, la magistrada señaló que el ETI dispone del personal, la infraestructura y las herramientas necesarias para desarrollar sus funciones. Incluso destacó que durante los últimos tres años se fortaleció la dotación con vehículos oficiales, dispositivos móviles para las guardias y conectividad plena.
De esta manera, el informe sostiene que las deficiencias detectadas “no responden a una carencia de insumos”, sino a problemas de articulación con el Fuero de Familia y a rigideces en los procedimientos vigentes.
Cómo funciona el ETI
Actualmente, el organismo cuenta con ocho trabajadoras sociales, ocho psicólogas y un administrativo. El relevamiento indicó que menos del 30% del personal tiene capacitaciones registradas en sus legajos y que solo una profesional registra sanciones disciplinarias. Además, se determinó que el uso de licencias no afecta el normal funcionamiento del servicio.
Según los datos analizados, el ETI recibe un promedio de 130 solicitudes mensuales y realiza entrevistas en sede, domicilios, por vía telefónica o virtual, además de elaborar informes, asistir a audiencias y participar en juntas interdisciplinarias.
El sistema también permitió medir los tiempos de intervención, que oscilan entre los 22 y los 161 días, dependiendo de la complejidad de cada caso y de si culminan con o sin informe técnico.
Infraestructura y futura ampliación
En cuanto a las instalaciones, el informe señala que el equipo trabaja en la planta baja de la Ciudad Judicial, donde dispone de seis oficinas para entrevistas, áreas comunes, mesa de entradas y sala de reuniones, con una superficie aproximada de 173 metros cuadrados.
A ello se suma una oficina adicional y una sala destinada a entrevistas con niños en el primer piso. Además, el STJ informó que se encuentra en marcha un proyecto de ampliación que permitirá incorporar un espacio exclusivo de 335 metros cuadrados y 22 oficinas individuales para el ETI.
Los principales problemas detectados
Uno de los nudos críticos identificados durante la intervención fue el elevado ausentismo a las entrevistas programadas.
La auditoría determinó que el 35,26% de los turnos otorgados no se concretan, lo que representa 189 inasistencias sobre un total de 536 citas asignadas. Según el informe, esta situación provoca un importante desgaste operativo debido a la falta de mecanismos automáticos de confirmación previa.
Otro de los inconvenientes señalados es la reiteración de pedidos de actualización de informes por parte del Fuero de Familia, una práctica que, según la investigación, satura la agenda del ETI y reduce la disponibilidad para atender nuevos casos.
También se detectaron problemas de sincronización entre los juzgados y el organismo, ya que en numerosas ocasiones los informes o antecedentes no son cargados oportunamente en el sistema digital, generando demoras y presión innecesaria sobre el equipo técnico.
Las recomendaciones
A partir del diagnóstico, la auditoría propuso implementar un protocolo obligatorio de confirmación previa de turnos para reducir el ausentismo, delimitar con mayor claridad las competencias del ETI respecto de otros organismos del sistema de protección de derechos y avanzar en la automatización de trámites administrativos mediante el sistema Machi.
Además, recomendó fortalecer la articulación con los Juzgados de Familia para unificar criterios sobre las solicitudes de informes y evitar que el ETI asuma funciones que corresponden a otros organismos o al propio ámbito jurisdiccional.
Finalmente, la Dra. María Marta Nieto consideró cumplidos los objetivos del proceso de auditoría y supervisión y recomendó al Superior Tribunal de Justicia el cierre de la intervención sobre el Equipo Técnico Interdisciplinario de Comodoro Rivadavia, dejando el seguimiento del organismo bajo la órbita de la Coordinación Provincial de los Equipos Técnicos y los mecanismos habituales de control.