El fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York permitió al país conservar el 51% del paquete accionario de la petrolera, mientras el Gobierno nacional avanza con la apelación en el millonario juicio.
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos resolvió frenar la orden de la jueza Loretta Preska, que exigía a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF. Mientras tanto, el Gobierno nacional continúa con el proceso de apelación de la sentencia.
El fallo de Preska establecía que ese paquete accionario debía ser entregado como forma de pago por la expropiación considerada “defectuosa” realizada en 2012 durante la gestión de Cristina Kirchner, o bien que el país debía depositar ese activo u otros de valor equivalente.
La sentencia ordena a la Argentina indemnizar a los demandantes con US$ 16.100 millones, a lo que se suman más de US$ 2 millones diarios en intereses.
Cabe aclarar que en el juicio no se debate el derecho de la Argentina a expropiar la compañía ni cuestiones de soberanía, sino el hecho de que el gobierno kirchnerista no cumplió con la Oferta Pública de Adquisición (OPA) prevista en el estatuto de YPF. Esa omisión habría afectado los derechos de inversores que compraron acciones en Nueva York, donde cotiza la petrolera, lo que habilita que la causa se tramite en ese distrito judicial.
Un litigio de larga data
El conflicto se origina en el incumplimiento de un compromiso asumido por el gobierno de Carlos Menem en 1993, cuando privatizó YPF en Wall Street bajo la normativa del mercado estadounidense, obteniendo unos US$ 1.100 millones.
La disputa judicial comenzó en 2015, y desde entonces intervino un actor clave: Burford Capital.
La quiebra de las empresas del Grupo Petersen quedó en manos del Juzgado de lo Mercantil N° 3 de Madrid, que designó a un síndico y subastó el derecho a litigar.
En esa instancia, Burford Capital —una firma que se dedica a comprar y financiar pleitos judiciales— fue seleccionada para impulsar el litigio, dado que Petersen no contaba con recursos ni capacidad para sostener un proceso de tal magnitud. Además, Burford financió la demanda de Eton Park, otro de los principales inversores de YPF.
El rol de Burford Capital
Burford no adquirió las demandas ni es propietario de ellas, pero sí se garantizó una participación en la eventual compensación. Según lo acordado, el 70% de la indemnización quedará para Burford, mientras que el 30% irá a la quiebra del Grupo Petersen, cuyo síndico distribuirá los fondos entre los acreedores.
En ese escenario, los Petersen no percibirán dinero, ya que las deudas acumuladas por préstamos superan lo que les correspondería.
Fuentes cercanas a la familia aseguraron a Noticias Argentinas que los Eskenazi aportaron US$ 100 millones de capital propio en la compra de las acciones, y remarcaron que “esa inversión quedó debidamente certificada en la operación”.