La Secretaría de Servicios Públicos cuestionó duramente a la empresa por pretender traspasar costos laborales tras años de percibir fondos específicos, en medio de las gestiones conjuntas con la UTA para asegurar los pagos a los choferes.
La secretaria de Servicios Públicos y Control de Concesiones, Cintia Juárez, fijó una tajante posición frente a los despidos sin causa comunicados por la empresa Patagonia Argentina a los choferes del transporte público de pasajeros. La funcionaria remarcó que los trabajadores tienen derecho a percibir las compensaciones correspondientes, pero subrayó que la patronal debe hacerse cargo de sus obligaciones legales.
“Estamos hablando de una empresa que percibió dinero del Municipio durante años y años para este fin específico y ahora mira para otro lado y pretende que los comodorenses paguen dos veces lo mismo”, sentenció Juárez, al cuestionar el intento de traspasar al erario público un pasivo laboral que compete exclusivamente a la exconcesionaria del servicio.
En esa línea, la secretaria explicó que durante las últimas dos décadas el Municipio reconoció a la firma, dentro del esquema de costos del servicio, una previsión por despido equivalente al 2% de la masa salarial, montos que fueron abonados de manera mensual precisamente para cubrir eventualidades de esta naturaleza. Por este motivo, enfatizó que el Ejecutivo local rechaza de plano cualquier transferencia de responsabilidad, recordando que “Patagonia Argentina fue la empleadora, mantuvo la relación laboral y comunicó los despidos; el municipio no fue su empleador”.
Ante este escenario, Juárez confirmó que la Asesoría Legal se encuentra evaluando la implementación de acciones y denuncias judiciales contra la empresa, tanto por el intento de eludir responsabilidades financieras como por declaraciones vertidas por su representación legal en los medios de comunicación en las últimas semanas. Mientras tanto, la administración municipal mantiene mesas de trabajo coordinadas junto a la autoridad laboral y el gremio de la UTA para garantizar el cobro efectivo de los haberes e indemnizaciones de los afectados.