El hecho se originó en la estancia “Los Manantiales” y fue interrumpido por un operativo de control policial sobre la Ruta Nacional 26, luego de que la victima consiguiera alertar a su abogada.
La Justicia formalizó la investigación preparatoria contra un hombre identificado por las iniciales G. D. S. (44), quien quedó imputado como presunto autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por desobediencia a la autoridad, amenazas, abuso sexual simple y lesiones agravadas en el marco de violencia de género. La resolución fue adoptada por el juez Alejandro Rosales tras escuchar la exposición del Ministerio Público Fiscal durante una audiencia celebrada en la oficina judicial de Sarmiento.
De acuerdo con la reconstrucción presentada por la fiscalía, los episodios de violencia comenzaron el pasado 24 de octubre, cuando el sospechoso convenció a su expareja de viajar desde Comodoro Rivadavia hasta la estancia “Los Manantiales”, ubicada en la zona rural de la localidad de Ricardo Rojas, a pesar de regir sobre él una prohibición de contacto dictada previamente por la justicia de familia. La situación se tornó crítica el jueves 29, cuando tras una discusión el agresor profirió insultos, lo que motivó que la mujer decidiera abandonar el establecimiento a pie.
Tras caminar aproximadamente ocho kilómetros, la víctima fue interceptada a la altura de una tranquera por el imputado, quien se desplazaba a bordo de su camioneta y la obligó a reingresar al predio por la fuerza. Una vez en el casco de la estancia, la mantuvo retenida mientras perpetraba agresiones físicas, verbales y de índole sexual.
El calvario concluyó cuando la mujer logró comunicarse telefónicamente con su abogada particular en Comodoro Rivadavia para pedir auxilio. Ante la alerta, se coordinó un despliegue preventivo que permitió interceptar el rodado en el que circulaba el sospechoso sobre la Ruta Nacional Nº 26, a la altura del acceso a Sarmiento. Al descender del vehículo, la víctima solicitó la intervención policial inmediata.
Durante la audiencia de apertura, la fiscalía solicitó un plazo de seis meses para profundizar las medidas probatorias y dictar medidas sustitutivas de coerción. Por su parte, la defensa técnica ejercida en el acto cuestionó los cargos vinculados a la desobediencia judicial y objetó el procedimiento de secuestro del rodado, planteamientos que serán evaluados en el transcurso del proceso.