La Fiscalía sostiene que ambos habrían montado un esquema de facturación falsa y cobro irregular de cheques para apropiarse de partidas provinciales entre mayo de 2023 y septiembre de 2024. La acusación contempla al menos 31 hechos y ambos deberán enfrentar un juicio oral.
La Fiscalía acusó formalmente al director de un establecimiento educativo y a un empleado municipal por su presunta participación en una maniobra destinada a desviar fondos públicos asignados a la alimentación de los alumnos.
La investigación, encabezada por la Fiscal General María Bottini y el funcionario de Fiscalía Julián Forti, sostiene que ambos imputados habrían integrado un esquema sistemático que se extendió durante 16 meses, entre mayo de 2023 y septiembre de 2024.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada el 21 de noviembre de 2024 por la delegada administrativa del Ministerio de Educación en la Región III. A partir de la investigación, la Fiscalía identificó al menos 31 hechos que, según la acusación, se habrían cometido mediante la utilización de facturas falsas y el cobro irregular de cheques correspondientes a partidas destinadas a la merienda de los estudiantes.
Cómo habría funcionado la maniobra
De acuerdo con la acusación, el esquema habría comenzado con la emisión de comprobantes por parte del empleado municipal, quien figuraba inscripto ante ARCA bajo el rubro de prestación de servicios y no como vendedor de alimentos. La Fiscalía sostiene además que, por su condición de empleado municipal, tampoco podía actuar como proveedor del Estado.
En varias oportunidades, las facturas habrían sido confeccionadas con fechas posteriores al cobro de los fondos.
Luego, el director de la escuela habría concurrido personalmente a la sucursal del Banco del Chubut en Corcovado para cobrar los cheques por ventanilla, pese a que la normativa establece que deben emitirse a nombre del proveedor que brinda el servicio.
La acusación sostiene además que el directivo habría asentado información falsa en el Libro Banco de la institución para justificar las extracciones. En esos registros, los pagos aparecían vinculados a comercios o proveedores de la zona, aunque la Fiscalía afirma que las operaciones no se correspondían con compras reales. Incluso se detectó un asiento en el que figuraba una supuesta adquisición al propio Ministerio de Educación.
Otro de los elementos señalados por los investigadores es que los alimentos declarados en las rendiciones no habrían ingresado al establecimiento. Entre las inconsistencias detectadas aparecen compras de productos que no se correspondían con el menú ni con los horarios de alimentación de los alumnos, como tapas de empanadas o 20 kilos de pollo destinados supuestamente al refrigerio de la tarde.
La acusación apunta al uso irregular de fondos públicos
Para la Fiscalía, la maniobra habría provocado un perjuicio directo sobre fondos provinciales destinados a la alimentación de la comunidad educativa.
La acusación también contempla presuntas falsedades en la documentación utilizada para justificar las operaciones y el incumplimiento de los mecanismos establecidos para la administración y rendición de las partidas escolares.
Los fiscales sostienen que la responsabilidad del director y la participación necesaria del segundo imputado se encuentran acreditadas con los elementos reunidos durante la investigación.
Debido a que uno de los acusados es considerado funcionario público, el juicio oral deberá realizarse ante un tribunal mixto. La fecha del debate y la composición del tribunal serán definidas próximamente.