A través de una desgarradora publicación en redes sociales, se recordó el primer mes del asesinato del pequeño Ángel. Sus familiares y abogados exigen “Justicia es Perpetua” para los responsables.

El dolor y la indignación siguen latentes en la comunidad a un mes del trágico fallecimiento de Ángel, el niño cuya vida fue arrebatada en un caso que ha conmocionado a la comunidad y que vuelve a poner bajo la lupa al sistema de protección de menores.
A través de un posteo conjunto en Instagram realizado por la panelista Cinthia Fernández y el abogado Roberto Castillo, se visibilizó el profundo vacío que dejó la pérdida del menor y se apuntó directamente contra los responsables materiales del hecho, así como contra las instituciones que debieron haberlo protegido.
El mensaje publicado describe con dureza el dolor que atraviesa la familia y la frustración ante un sistema judicial y de contención que, según denuncian, ignoró las señales de alerta:”El martes se cumple un mes de la ausencia de Ángel. Del arrebato de su vida, en manos de su progenitora, su pareja y un sistema que le falló, que no lo escuchó y lo sentenció a muerte mediante la participación necesaria de una psicóloga, una defensora de menores y un juez que no hicieron bien su trabajo”.
En el texto se enfatiza que existieron leyes que no se cumplieron e “ideologías que borraron infancias”, apuntando a una cadena de negligencias estatales que impidieron evitar la tragedia.
Los abogados y allegados a la familia de Ángel se trasladaron nuevamente a la ciudad de Comodoro Rivadavia para seguir de cerca el avance de la causa judicial. El objetivo es claro y no darán marcha atrás en el pedido de la pena máxima para los imputados.
Reclamo central:”Volvimos a Comodoro a pelear por lo único que podemos y debemos aceptar en este caso: ¡JUSTICIA ES PERPETUA!”, sostiene el comunicado.
El dolor de la familia: El mensaje concluye con un emotivo apoyo hacia Luis y Lorena, quienes luchan por mantener viva la memoria del pequeño Ángel y obtener algo de paz ante semejante pérdida.
La causa continúa su curso en los tribunales locales, mientras la sociedad comodorense sigue de cerca las instancias de un caso que reabre el debate sobre la efectividad de las medidas de protección a las infancias en situaciones de vulnerabilidad.
