El Presidente, junto a Guillermo Francos y Patricia Bullrich, firmó un decreto que dejó sin efecto la ley aprobada por el Congreso, la cual establecía un fondo de $200 mil millones para obras de reconstrucción en Bahía Blanca y otorgaba subsidios a los damnificados.
El presidente Javier Milei vetó por completo la ley de emergencia para Bahía Blanca sancionada por el Congreso, que preveía la creación de un fondo de $200 mil millones para asistir a los damnificados por las fuertes inundaciones registradas en marzo. El veto fue formalizado a través del Decreto 424/2025, firmado también por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La ley, que había contado con amplio respaldo tanto en Diputados como en el Senado, incluía subsidios directos, financiamiento a tasas preferenciales y obras de infraestructura. También contemplaba ayuda para la localidad de Coronel Rosales, afectada por las mismas tormentas, aunque desde el Gobierno señalaron que esa ciudad no figuraba en los informes técnicos oficiales, como los del Servicio Meteorológico Nacional.
El Poder Ejecutivo argumentó que la iniciativa no detallaba las fuentes de financiamiento para los gastos previstos, tal como exige la Ley de Administración Financiera. Según el Gobierno, este aspecto ya había sido motivo de veto en otras leyes, como la de movilidad jubilatoria y la de financiamiento universitario. Además, recordaron que el Ejecutivo había emitido el Decreto 238/25, que ya contempla fondos para la reconstrucción de Bahía Blanca, y que el Ministerio de Seguridad se encuentra en la etapa final de su implementación.
También destacaron que hay otras herramientas vigentes, como un préstamo del BID y líneas de crédito del Banco Nación, destinadas a asistir a los sectores productivos de la zona.
Por último, desde el Gobierno remarcaron que el artículo 83 de la Constitución Nacional habilita al Presidente a vetar leyes y consideraron que el uso de esta facultad es parte de la normalidad institucional. El tema ahora vuelve al Congreso, que podría insistir con la ley si logra reunir una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.