Así lo aseguró el mandatario provincial al término de una reunión con los diputados nacionales del Chubut, durante la cual se acordó votar en contra de la desregulación de la pesca, no acompañar la derogación de la Ley de Manejo de Fuego, y analizar con especial atención los cambios normativos propuestos en el Capítulo de Hidrocarburos de la “Ley Ómnibus”.
El Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, se reunió este martes con los diputados nacionales Ana Clara Romero, Eugenia Alianello y José Glinski, con el objetivo de trabajar de forma conjunta en una agenda vinculada con el próximo tratamiento en el Congreso Nacional del “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, también conocido popularmente con el nombre de “Ley Ómnibus”.
Durante el encuentro, llevado a cabo en las instalaciones de la Casa del Chubut, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abordaron temas tales como la posible desregulación de la actividad pesquera, los cambios normativos que introduce la mencionada “Ley Ómnibus” en materia de hidrocarburos, y la hipotética derogación que pretende el Gobierno Nacional de la ley que protege de incendios intencionales a los bosques nativos.
Conclusiones
Al respecto, los presentes acordaron votar en contra del capítulo que desregula la pesca, por entender que el mismo afectaría gravemente la economía nacional y provincial, así como también el propio desarrollo de la actividad, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros.
De igual manera, tanto el mandatario provincial como los diputados nacionales se pusieron de acuerdo en prestar una especial atención a los cambios normativos que establece el proyecto de “Ley Ómnibus” en materia de hidrocarburos, a fin de garantizar la sustentabilidad de la Cuenca del Golfo San Jorge, asegurando además las inversiones correspondientes.
Por último, en el transcurso de la reunión se decidió también no acompañar la derogación de la Ley de Manejo del Fuego, la cual protege a los bosques nativos y otros ecosistemas naturales de posibles incendios accidentales o intencionales, prohibiendo la venta de tierras incendiadas durante un plazo de entre 30 a 60 años a partir del siniestro ígneo, para evitar así hipotéticas prácticas especulativas que pudieran propiciar el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios en los terrenos arrasados por las llamas.