La investigación judicial en Rawson busca determinar si se utilizó una sustancia no identificada en lugar de anestesia, la víctima debió ser sometida a una intervención quirúrgica de urgencia y vio frustrados sus planes de ingresar a la Policía del Chubut a raíz de las severas secuelas físicas.
La Justicia provincial avanzó en la formalización de una causa por presunta mala praxis en el ámbito sanitario, tras imputar en las últimas horas a una licenciada en obstetricia identificada como L.R. El proceso legal se inició a raíz de la denuncia formulada por una joven de 22 años, quien sufrió una severa complicación física tras someterse a la colocación de un implante anticonceptivo subdérmico en las instalaciones del Hospital de Rawson.
De acuerdo con la hipótesis planteada por el Ministerio Público Fiscal, el episodio tuvo lugar el pasado 20 de marzo, fecha en la que la paciente recibió el dispositivo. Sin embargo, el procedimiento derivó en un cuadro clínico de extrema gravedad que evolucionó rápidamente hacia una necrosis en el brazo izquierdo, obligando a los facultativos a realizar una intervención quirúrgica de urgencia para extirpar el adminículo y contener el daño tisular.
Durante la audiencia de apertura formal, supervisada por el fiscal general Leonardo Cheuquemán Levill y expuesta por la abogada de la fiscalía Daiana Sandoval ante la jueza de garantías Laura Martini, los investigadores señalaron que la profesional habría empleado una sustancia no identificada en lugar del anestésico local habitual —como la lidocaína—. Esta anomalía técnica constituye el eje central de las pericias orientadas a determinar responsabilidades penales.
Las consecuencias del episodio trascendieron el plano estrictamente clínico y afectaron de manera directa los proyectos personales de la damnificada. Según se ventiló en el recinto judicial, las secuelas físicas le impidieron continuar con los trámites y evaluaciones médicas obligatorias para concretar su ingreso a la Policía del Chubut, frustrando una meta laboral largamente gestada.
Para sostener la acusación, el legajo fiscal incorporó un sólido plexo probatorio que incluye historias clínicas, informes elaborados por médicos forenses, declaraciones testimoniales del entorno familiar y del personal de salud que asistió a la joven con posterioridad, además de elementos incautados durante un allanamiento ejecutado en el nosocomio capitalino.
Al no registrarse objeciones por parte de la defensa técnica, a cargo del abogado Emilio Galende, la magistrada interviniente dispuso un plazo legal de seis meses para profundizar las medidas de prueba y esclarecer por completo los hechos, instando a las partes a explorar vías alternativas de resolución en caso de corresponder.