Según la investigación, los cursos habrían sido realizados por su expareja, víctima en la causa. Con esa documentación, el imputado logró reducir su pena, aunque ahora la Justicia revisa el caso.
El Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn inició una investigación ante un presunto caso de utilización de documentación falsa para acceder a beneficios judiciales durante el cumplimiento de una pena por violencia de género.
Según la presentación realizada por el procurador de Fiscalía, Fernando Blanco, el hecho involucra a un hombre que actualmente se encuentra detenido y que habría presentado certificados de cursos a su nombre que, en realidad, no habría realizado. De acuerdo a las primeras averiguaciones, las capacitaciones habrían sido completadas por su expareja, quien fue víctima en la causa por la que el imputado resultó condenado.
La investigación sostiene que el acusado utilizó esta documentación con el objetivo de solicitar el denominado “estímulo educativo”, previsto en la Ley Nacional 24.660. Este régimen permite reducir los plazos para acceder a beneficios como salidas transitorias, en función de actividades educativas acreditadas durante el tiempo de detención.
Entre los certificados presentados figuran cursos de seguridad en el trabajo de carpintería, soldadura eléctrica, cultivo hidropónico en casa, construcción de termotanques solares, el arte de investigar y las competencias digitales, seguridad vial, huerta propia y cultivo de tomates en el hogar.
A partir de esta documentación, la jueza interviniente había resuelto en su momento conceder una reducción de dos meses en los plazos para acceder a beneficios. Sin embargo, con posterioridad se detectaron posibles irregularidades en la autenticidad de los certificados, lo que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal.
El caso fue encuadrado de manera provisoria como uso de instrumento público falso, delito contemplado en el artículo 296 del Código Penal, que sanciona a quien utiliza documentación falsificada con conocimiento de su falsedad, afectando la fe pública y el correcto funcionamiento del sistema de justicia.