El interno agredido había denunciado una red de contrabando de drogas y alcohol con presunta complicidad de agentes penitenciarios. La Justicia Federal se declaró incompetente y el caso pasará a la órbita provincial.
Una grave agresión sacudió la Unidad Penitenciaria Federal N°15 de Río Gallegos cuando el conocido recluso José Maximiliano Maillo, condenado por el homicidio de su padrastro Vicente Maillo, atacó violentamente a otro interno, identificado como Navarro, propinándole una fractura en la nariz. El ataque, en el que también participaron otros dos internos, hermanos de apellido Espíndola, fue una represalia directa por las denuncias de Navarro sobre una presunta red de contrabando de elementos prohibidos dentro del penal.
Según la denuncia de Navarro, esta red involucraría tanto a agentes del Servicio Penitenciario Federal como a otros reclusos, facilitando el ingreso y la venta ilegal de drogas, teléfonos celulares y bebidas alcohólicas, que serían ocultos en productos cotidianos como bolsas de pan o bidones. El denunciante detalló que este negocio ilícito operaría con precios establecidos, distribuidores internos e incluso transacciones a través de la aplicación Mercado Pago.
La brutal agresión contra Navarro por parte de Maillo y los hermanos Espíndola ocurrió en abril de 2023. La víctima declaró ante la justicia que el ataque fue una consecuencia directa de sus denuncias, citando comentarios que le habrían hecho agentes penitenciarios sugiriendo que “por hablar” le había sucedido esto.
La situación se agrava con el testimonio de uno de los hermanos Espíndola, quien en su declaración indagatoria afirmó que un inspector del penal les habría indicado a los internos que resolvieran el problema con Navarro “a su manera” y que hicieran “lo que tengan que hacer”. Esta versión fue corroborada por el propio José Maillo, quien también mencionó haber escuchado a un agente del Servicio Penitenciario decir que “la basura la tenían que sacar ellos” en referencia a Navarro.
A pesar de la gravedad de las lesiones sufridas por Navarro y los testimonios tanto de la víctima como de los agresores, la Justicia Federal se declaró incompetente para entender en el caso, argumentando que se trata de un delito común y no de índole federal. En consecuencia, el expediente será remitido a la Justicia Provincial para su resolución.
Este escandaloso episodio dentro de la prisión federal pone de manifiesto serias acusaciones de corrupción y complicidad dentro del Servicio Penitenciario, mientras la víctima de la brutal agresión busca justicia en la órbita provincial.
Fuente: La Opinión Austral