El profesional de la salud fue procesado junto a su hermano, un cabo del Ejército Argentino. Ofrecían las ampollas por Telegram y hasta daban instrucciones de cómo consumirlas.
La investigación sobre la venta ilegal de fentanilo y otras sustancias controladas en Concepción del Uruguay culminó con el procesamiento y la prisión preventiva del enfermero Julio Santillán y su hermano, un cabo del Ejército Argentino.
La jueza federal Analía Ramponi determinó la responsabilidad de ambos en la sustracción de ampollas del Hospital Justo José de Urquiza, donde trabajaba Santillán, y su posterior comercialización a través de grupos de la aplicación de mensajería Telegram, alcanzando un precio de 35 mil pesos por ampolla de fentanilo.
La imputación para ambos hermanos es por “comercio de estupefacientes en concurso ideal con el de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización” y “venta sin autorización de medicamentos que requieren receta”, delitos que contemplan penas de hasta 15 y 6 años de prisión respectivamente. Adicionalmente, el enfermero Santillán enfrenta cargos por “peculado” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” debido a su rol en la obtención de las drogas del hospital público.
La jueza Ramponi fundamentó la prisión preventiva en el riesgo de fuga y la posibilidad de que los imputados entorpecieran la investigación, dada la gravedad de los hechos y las elevadas penas en expectativa. Asimismo, dispuso un embargo de 5 millones de pesos sobre los bienes de cada uno.
La investigación reveló que los hermanos utilizaban los grupos de Telegram denominados “Los más rico cdelu” y “Entre Ríos” para ofertar el fentanilo y otras drogas como lorazepam, risperidona y carbamazepina. En estos chats, no solo publicaban textos ofreciendo las sustancias, sino que también compartían fotografías de las ampollas de fentanilo y los blísteres de las otras pastillas, indicando precios y disponibilidad para la venta al por menor y al por mayor.
Un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) se infiltró digitalmente en estos grupos bajo el alias de “Ricky”, logrando así recopilar valiosas pruebas de las conversaciones del enfermero con sus potenciales clientes. En estos intercambios, Santillán describía los efectos del fentanilo como “pura” y “un opioide más fuerte en el mercado”, llegando a minimizar los riesgos de su consumo en comparación con la situación en Estados Unidos.
La investigación incluyó la realización de compras controladas, una de las cuales se concretó con la entrega de cuatro ampollas de fentanilo por parte del enfermero a cambio de 55 mil pesos. Se constató que, previamente a este encuentro, Santillán había recogido las drogas del domicilio de su hermano militar.
Los allanamientos posteriores en los domicilios de los hermanos y en el hospital permitieron el secuestro de un total de 60 ampollas de fentanilo y diversas cantidades de lorazepam, risperidona y carbamazepina. Un peritaje confirmó que las ampollas de fentanilo incautadas correspondían al mismo lote que figuraba en el inventario del hospital donde trabajaba el enfermero.
Durante sus indagatorias, ambos hermanos ofrecieron versiones exculpatorias, aunque contradictorias. El enfermero inicialmente mencionó un “paquete” de un prestamista, pero luego admitió haber sustraído una ampolla de fentanilo por guardia del hospital para venderlas por Telegram, eximiendo de responsabilidad a su hermano.
El militar, por su parte, negó tener conocimiento de las actividades ilícitas de su hermano, a pesar de que la jueza consideró probado que ambos concurrían conjuntamente al domicilio del militar en momentos clave relacionados con la venta de las sustancias. La jueza Ramponi concluyó que los descargos de los imputados eran intentos vanos de mejorar su situación procesal ante la contundencia de las pruebas recolectadas.