Docentes, no docentes y estudiantes anunciaron un plan de lucha que incluye un paro para este viernes 12 y una nueva marcha federal universitaria.
Tras conocerse el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, docentes, no docentes y estudiantes anunciaron el inicio de un plan de lucha que incluirá un paro este viernes y una nueva marcha federal universitaria.
De acuerdo con lo informado por la Conadu Histórica, el gremio que agrupa a docentes universitarios de todo el país, la medida de fuerza se concretará este viernes 12 de septiembre y la marcha federal se realizará el día en que el Congreso trate el veto presidencial.
Carlos De Feo, secretario general de la CONADU, destacó que “hay un importante nivel de visibilización del conflicto universitario y los legisladores saben que la población apoya mayoritariamente el reclamo”.
Según consignó Perfil, las universidades ya habían realizado una jornada de paro entre el 1° y 2 de septiembre para manifestar su rechazo a los recortes presupuestarios aplicados por el oficialismo. Además, exigieron la apertura de nuevas paritarias y reclamaron mayores fondos para becas y comedores estudiantiles.
Los argumentos del Gobierno para justificar el veto
Desde el Ejecutivo explicaron que el proyecto no cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige que toda norma que autorice gastos no incluidos en el Presupuesto indique de forma precisa las fuentes de financiamiento. En este caso, sostienen, los recursos previstos son “genéricos” y no especifican de dónde saldrá el dinero para sostener el incremento presupuestario.
“El proyecto establece que dicho financiamiento podrá provenir de ingresos corrientes recaudados por encima de lo presupuestado, pero no indica qué partidas dejarán de financiarse ni cómo se afrontará el gasto si los recursos son insuficientes”, detalla el texto del veto.
El Gobierno también argumenta que la implementación de la ley pondría en riesgo la economía, al “incrementar de manera desproporcionada el gasto público sin recursos suficientes para solventarlo”, lo que podría generar “un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica” y “perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables”.
No es la primera vez que Milei veta una norma de este tipo: el año pasado ya había frenado un proyecto similar para aumentar el financiamiento universitario y luego logró sostener esa decisión en Diputados al conseguir el tercio de votos necesarios.