Se detuvo a un hombre de 40 años, en el barrio Pietrobelli. Una investigación que duró meses y finalmente realizaron 6 allanamientos, con resultados positivos.
Durante los seis procedimientos llevados a cabo en distintos puntos de la ciudad, se logró identificar a las personas presentes en cada vivienda, incautando aproximadamente 11 millones de pesos, armas de fuego, municiones y otros elementos de interés para la investigación.
En una conferencia de prensa, el ministro Iturrioz explicó “Del trabajo realizado por la DPI, determinaron que todo el grupo de pertenencia de los investigados, ninguno tenía actividad ilícita reconocida, sí ilícita, la ilícita la conocemos muy bien, y que sin perjuicio de ello manejaban fuertes sumas de dinero, en el intercambio de comunicaciones telefónicas hablaban siempre de darse un millón, un millón y medio, esos intercambios eran diarios, tenían bienes de un valor oneroso, poseían un Virtus modelo 2020, un auto de mediana gama, pero caro, los autos son costosos para adquirirlos. Precisamente por esto acompañamos las medidas y detectamos que había casi 11 millones de pesos en efectivo, esto claramente es una violación al artículo 303 del código penal, que pune la figura de lavado de activos”
Al consultarle sobre allanamientos en la alcaldía Iturrioz dijo “Hubo un asesoramiento de la alcaldía, se buscó un teléfono porque se detectó que Remolcoy, estando en situación de detención, ejerció una suerte de administración del dinero que él había sustraído. Y esto lo hacía no por llamada telefónica común, si bien usaba la llamada telefónica común, también lo hacía mediante mensajes en el sistema de redes, cuando todos sabemos que los teléfonos, los provee el Estado a los detenidos, bajo no sé qué norma, eso va a ser algo que hay que revisar, la norma vigente dice todo lo contrario, que no puede tener ningún medio de comunicación, evidentemente tenía un acceso a un teléfono de este tipo, a un teléfono inteligente”.
Al respecto el Ministro de Seguridad detalló “voy a pedir al Secretario de Justicia que me indique bajo qué normativa los presos tienen teléfonos cuando la denominada ley Petri les inhibe esta exigencia. Y eso hay que conjugarlo con la cantidad de hechos de estafa virtual, de estafa telefónica que se han detectado, que se cometen desde las unidades de centro de detención”.
Por su parte el jefe de la Brigada de Investigaciones señaló “los allanamientos se realizaron en el barrio Pietrobelli en cercanías de Alem y Alvear, una persona con antecedentes, condenada, cumpliendo arresto domiciliario por una causa de la justicia federal, por estupefacientes. Y en esta vivienda fue que encontramos la mayor cantidad de dinero, cerca de un poco más de 8 millones de pesos en efectivo, tres armas de fuego, municiones, también detectamos algunos juegos artificiales, dando aviso al Municipio”, sentenció Lobos de la DPI.
La intervención en los allanamientos contó con la participación de efectivos de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, GEOP y otras dependencias policiales, junto con el personal de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, cumpliendo con las órdenes de la Fiscalía y el juez penal actuante.
