ATECH, UDA y SADOP presentaron una nota al gobernador Ignacio Torres, solicitando la apertura de la paritaria salarial y rechazando la propuesta de un bono condicionado. Califican la medida como un “acto de indolencia” y una sanción a derechos adquiridos.
En la misiva, los gremios no solo reclaman la inmediata constitución de la mesa de paritaria salarial, sino que también expresan su contundente rechazo a la iniciativa de un bono por presentismo anunciada por el Poder Ejecutivo.
La nota, firmada por Daniel Murphy (ATECH), Nicolás E. Sánchez (UDA) y Mónica Balmaceda (SADOP), sostiene que, ante las recientes declaraciones del gobernador sobre la disponibilidad de ingresos presupuestarios para el sector, es imperativo “rehabilitar el diálogo democrático” para consensuar la incorporación de esos fondos al “Básico Testigo” de los salarios.
Sin embargo, el punto de mayor fricción reside en las “observaciones” que los sindicatos elevan contra la propuesta de un bono. Para los gremios, esta medida no solo resulta una “redundancia” ante adicionales salariales ya existentes, sino que además representa una “discriminación” que penaliza a los trabajadores que han hecho uso de licencias legítimas.
El escrito califica la reducción de la suma del bono por ausencias como una “merma” que sanciona a aquellos que usufructuaron el Régimen de Licencias, un “derecho adquirido” que, según los sindicatos, se vería vulnerado. En un tono enérgico, el documento habla de un “acto de indolencia” en el plano humanitario, afectando a docentes que debieron atender situaciones de enfermedad propia o de familiares cercanos.
El reclamo gremial también pone el foco en la cuestión de género, señalando que la medida impacta de manera desproporcionada en la mayoría de mujeres que integran el sector. Argumentan que la “merma” es una clara sanción al ejercicio de la maternidad y a las tareas de cuidado familiar que, por roles y mandatos sociales, recaen mayoritariamente sobre ellas.
Finalmente, los sindicatos advierten que la medida podría penalizar a los docentes que solicitan licencias para capacitación, así como a aquellos que ejercen el derecho constitucional a la huelga. En este sentido, la nota solicita una “inmediata aclaración” sobre las implicancias de la decisión gubernamental.
La nota concluye con un llamado a una “pronta respuesta” por parte del gobierno, en un contexto de incertidumbre y de expectativa sobre el futuro de la negociación salarial en la provincia de Chubut.