El equino, identificado como René, fue rescatado en estado de abandono extremo en Gualjaina. La Justicia deberá resolver si le reconoce la condición de sujeto de derecho no humano, en una decisión que podría marcar un hito en materia de protección animal.
La Agencia de Delitos Ambientales y Maltrato Animal de la Fiscalía de Chubut presentó un planteo sin precedentes en los tribunales provinciales al solicitar que un caballo rescatado en condiciones extremas de abandono en la zona de Gualjaina sea declarado «sujeto de derecho no humano».
La petición fue formulada por las funcionarias judiciales María Cecilia Bagnato y María Bottini durante una audiencia ante un juez penal. El animal, un equino de pelaje rosillo identificado en el expediente como René, se convirtió en el eje de un debate que enfrenta las concepciones tradicionales del derecho de propiedad con las nuevas corrientes jurídicas orientadas a reconocer derechos a los animales como seres sintientes.
El rescate de René
La investigación penal preparatoria se inició tras la denuncia de una empleada municipal de Gualjaina. De acuerdo con las actas policiales y los testimonios recolectados en la zona, el caballo habría permanecido encerrado durante al menos dos meses en un terreno deshabitado, expuesto a las condiciones climáticas y sin acceso adecuado a agua ni alimento.
Ante la gravedad de la situación, la Justicia autorizó un allanamiento de urgencia. Durante el procedimiento, los equipos de rescate constataron que el animal presentaba un severo deterioro físico y un estado de extrema delgadez que comprometía seriamente su supervivencia.
Debido a los elevados costos de recuperación, alimentación y atención veterinaria —calculados en más de un millón de pesos—, el área de Fauna Urbana de Esquel resolvió otorgar de manera provisoria la custodia del equino a una familia de acogida.
El debate: propiedad o víctima de un delito
Durante la audiencia de revisión, la defensa técnica del imputado y tutor original del caballo rechazó la posibilidad de perder la tenencia del animal.
Basándose en una interpretación estricta del Código Civil y Comercial de la Nación, sostuvo que los animales continúan siendo considerados jurídicamente “bienes muebles semovientes” y, por lo tanto, forman parte del régimen de propiedad. Además, atribuyó el deterioro físico de René a las consecuencias de la sequía y a presuntas negligencias de personas contratadas para su cuidado, solicitando que el equino sea restituido bajo un esquema de supervisión.
Frente a esos argumentos, la Fiscalía sostuvo que la normativa civil vigente resulta insuficiente frente a los avances científicos, jurídicos y constitucionales registrados en las últimas décadas.
Las representantes del Ministerio Público Fiscal remarcaron que la Ley Nacional 14.346 de Maltrato Animal reconoce a los animales como víctimas de los delitos contemplados en esa normativa, lo que implica, según su interpretación, un reconocimiento implícito de derechos propios que merecen tutela judicial.
Los argumentos para reconocer derechos a los animales
Para respaldar el pedido de una protección jurídica individualizada para René, la Fiscalía citó diferentes fundamentos constitucionales, científicos y jurisprudenciales.
Entre ellos se encuentran el artículo 41 de la Constitución Nacional y el artículo 109 de la Constitución de Chubut, que establecen obligaciones estatales vinculadas a la preservación de la biodiversidad y del ambiente.
También se mencionó la Declaración de Cambridge sobre la Conciencia, firmada en 2012 por destacados científicos internacionales, que concluyó que los animales no humanos poseen las bases neurológicas necesarias para experimentar conciencia, dolor y placer.
A su vez, las fiscales recordaron los antecedentes judiciales de la orangutana Sandra y la chimpancé Cecilia, casos emblemáticos en Argentina en los que distintos tribunales avanzaron en el reconocimiento de derechos para animales no humanos.
Esperan la decisión del juez
Al finalizar la audiencia, María Cecilia Bagnato solicitó que la custodia definitiva de René sea otorgada a una familia protectora que pueda garantizarle condiciones de vida adecuadas y libres de sufrimiento.
Tras escuchar las exposiciones de ambas partes, el juez penal interviniente resolvió tomarse el plazo legal correspondiente para analizar los argumentos y emitir una resolución por escrito que podría marcar un precedente en materia de derechos animales en la provincia de Chubut.