La Policía Federal allanó este martes a un preso de la cárcel de Almafuerte que habría coordinado las maniobras haciéndose pasar por una menor. La causa derivó en transferencias por sumas millonarias.
Una causa por sextorsión que se inició en una localidad cordillerana de la provincia de Chubut terminó este martes por la mañana en el pabellón 2.1 del Complejo Penitenciario Almafuerte, en Cacheuta. Efectivos de la Policía Federal Argentina, a través de la División Unidad Operativa Federal Esquel, allanaron una celda y secuestraron cuatro teléfonos celulares que serán sometidos a pericias para confirmar una pesquisa que comenzó el año pasado.
El principal apuntado en la investigación es el interno Gonzalo Daniel Coria Ríos, de 29 años, condenado a cinco años y siete meses de prisión por robos agravados, pena que cumple hasta el 25 de mayo de 2029. Desde el interior de la prisión lujanina habría coordinado una maniobra extorsiva que tuvo como víctima a un vecino de Cholila, a más de 1.500 kilómetros de distancia.
La causa se originó en noviembre del año pasado, cuando la víctima denunció en la Oficina Única del Ministerio Público Fiscal de Lago Puelo que venía siendo presionada para transferir dinero bajo amenazas vinculadas a una supuesta menor de edad.
La investigación quedó bajo la órbita del fiscal general Carlos Díaz Mayer, quien impulsó las medidas para rastrear el circuito financiero y los números telefónicos involucrados con la fuerza federal.
Todo comenzó con un mensaje en Facebook. Una mujer que se identificó como “Carla” entabló conversación con el denunciante. Las charlas se volvieron frecuentes a través de WhatsApp y derivaron en el envío de fotografías, algunas de tono erótico, aunque no había material prohibido.
En medio de uno de los diálogos, la mujer afirmó ser menor de edad. El hombre cortó de inmediato la comunicación, sostiene la investigación a la que accedió El Sol. Unos veinte días después recibió un mensaje de un hombre que dijo ser el padre de la joven.
Lo acusó de haber provocado problemas en la vida cotidiana de la menor y exigió dinero para cubrir gastos de internación y tratamiento psicológico. Bajo presión, la víctima realizó las primeras transferencias a billeteras virtuales. Las exigencias continuaron. Y aparecieron nuevos interlocutores que se presentaron como abogado y fiscal.
Le enviaron copia de un supuesto amparo por “ciberacoso” y, más adelante, una presunta acta de defunción en la que le informaban que la menor se había suicidado.
La suma reclamada ascendió a dos millones de pesos. El vecino de Cholila volvió a transferir ese monto de dinero. En total, las maniobras le significaron cifras superiores, sumando los otros movimientos. Sin embargo, los pedidos persistieron.
Frente a la reiteración de amenazas, decidió denunciar. La División Unidad Operativa Federal Esquel analizó reportes bancarios de distintas entidades y reconstruyó el circuito de las transferencias durante semanas.
El dinero terminaba vinculado al entorno de un interno alojado en Mendoza y a un domicilio del barrio La Gloria, en Godoy Cruz.
Con esos elementos, los efectivos federales se trasladaron a Mendoza y ejecutaron las órdenes judiciales con el apoyo de policías de la División Delitos Económicos de Investigaciones.
En la celda de Coria Ríos en el pabellón 2.1 secuestraron cuatro celulares que serán peritados para terminar de cerrar la hipótesis que desde allí se originaron los mensajes y llamadas extorsivas.
Para los investigadores judiciales y policiales, no quedaron dudas de que Coria coordinaba la maniobra desde el penal, utilizando líneas telefónicas para sostener la ficción de la menor, el supuesto padre y los presuntos funcionarios judiciales, mientras el dinero era canalizado hacia personas de su entorno. Por eso la investigación no está terminada.