Según la fiscal, está probado que obligaban a sus tres chicos a comer excremento y vómito, y que los tenían confinados en su casa de Río Gallegos.
“A estos chicos los mataron en vida. Este caso hizo llorar a todos”. Las palabras pertenecen a la fiscal Verónica Zubic y las dijo durante su alegato para pedir 20 años de prisión en el juicio por la “Casa del Horror” de Río Gallegos, un hecho que hace casi tres años conmueve a todos en la capital de Santa Cruz.
Según su investigación, para ella el padre de tres menores -dos varones y una nena de entre 10 y 13 años- y su pareja son culpables del delito de torturas, ya que golpeaban, encerraban y obligaban a comer excremento y vómito a los chicos.
Con las audiencias llegando a sus instancias finales, y luego del testimonio de una tía de los menores que complicó aún más a los imputados, Zubic sostuvo los delitos que se les adjudican por “lesiones graves con alevosía en concurso real con amenazas y reducción a la servidumbre por las tres víctimas” en el caso de la acusada, identificada como Roxana V, mientras que para David F. mantuvo los agravantes por “lesiones graves con alevosía en concurso ideal con amenazas y reducción a la servidumbre por las tres víctimas”.
Para el Ministerio Público Fiscal de Santa Cruz los hechos están plenamente probados, lo cual justifica las duras penas que pidió tras escuchar los alegatos de los abogados defensores de los acusados, cuyos nombres no se dan completos para preservar la identidad de los chicos.
Las pruebas de la fiscal de Santa Cruz
Según sostuvo el alegato acusador, las marcas de violencia en los cuerpos de las criaturas y sus testimonios revelaron con claridad el calvario de maltratos físicos y psicológicos que debieron soportar durante al menos cuatro años.
Efectivamente, durante el juicio que se inició el miércoles 7 de agosto, se presentaron pruebas contundentes contra la pareja.
Además, según trascendió, en sus desgarradores testimonios los niños dieron detalles muy precisos de los que sufrieron y lo que resulta más significativo, fueron datos coincidentes en los relatos de los tres.
Los peritajes médicos confirmaron las lesiones y secuelas psicológicas que se corresponden con lo que contaron y la situacion que -la fiscalía no duda- tuvieron que soportar.
Además, en el segundo día de juicio, la declaración de una tía de los niños, de nombre Wilma -hermana de la madre biológica de sus sobrinos- complicó a los acusados.
Qué contó la tía que hoy cuida a los chicos
La mujer se refirió fundamentalmente a las secuelas que los menores presentaban tras haber sido rescatados. “Parecían momias cuando dormían. El más pequeño estuvo varios días haciéndose caca”, explicó la mujer que hoy tiene bajo su cuidado a los dos varones.
La hija mujer, menor que uno de los dos hermanos y más grande que el otro, vive en el norte del país con otros parientes.
La pareja de Wilma también declaró y corroboró lo que había mencionado su mujer en su testimonio.
Por su parte, los abogados defensores apuntaron justamente a poner en duda lo narrado por las presuntas víctimas.
El representante de su padre, que al igual que la madrastra tenía 33 años en el momento de la fuga de los pequeños y afrontó el juicio con 36, puso en duda que haya existido una privación ilegítima de la libertad y además sostuvo que los chicos podrínan haber sido influenciados por terceros antes de contar los hechos.
La valiente huida que inició el caso
El caso, rápidamente identificado con el nombre de “La casa del horror”, se conoció en el invierno de 2021 cuando dos de los tres niños, los varones de 10 y 13 años, lograron escapar de su casa en Pello Paredes al 1100 y buscar ayuda en la comisaría de Río Gallegos.
Ya en la comisaría de Río Gallegos, denunciaron los continuos maltratos que sufrían en su casa. Ante policías que escuchaban atónitos, los chicos contaron que eran torturados, que los hacían comer caca y vómito, que los golpeaban con un caño y los tenían encerrados todo el día.
Ese día en que huyeron, se les había roto una tablet y, ante la posibilidad de que los adultos de la casa lo descubrieran y les propinaran un castigo aún mayor a los que acostumbraban, tomaron la determinación de escaparse.
Todavía en 2021, en diciembre, la jueza de primera instancia Marcela Quintana ordenó la detención de la pareja, tras las cámaras Gesell practicadas a los menores y los exámenes médicos que constataron en las víctimas lesiones de larga data y compatibles con torturas.
“Gracias a que esa tablet se rompió y por el miedo a morir, ellos pudieron salvar sus vidas”, planteó en aquella oportunidad Jorge Godoy, defensor de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría Pública Oficial de Santa Cruz en el juicio.
“En la época en que ocurrieron estos hechos estábamos en pandemia. Además de estar encerrados, estos chicos no iban a la escuela, que es uno de los detectores principales de la vulneración de los derechos de los niños”, agregó.