Un tribunal revisor de Esquel dio la razón a la fiscalía tras considerar “arbitraria” la resolución de primera instancia que había liberado a los imputados, acusados de atar, golpear, cortar e intentar asfixiar a un hombre para desbloquear su teléfono celular. Los magistrados cuestionaron que la jueza original modificara la calificación legal propuesta por el acusador.
En una audiencia de revisión concretada en horas de la mañana de este sábado en forma semipresencial, un tribunal integrado por los jueces Jorge Criado y Ricardo Rolón resolvió revocar la libertad de los hermanos Nicolás y Luciano Scarparo, dictando en su contra la prisión preventiva por el plazo de 60 días.
La medida fue adoptada en el marco de la investigación por un violento hecho de privación de la libertad calificada como secuestro coactivo, ocurrido el pasado 11 de noviembre.
El violento ataque investigado
Según la reconstrucción de los hechos presentada por la acusación, el episodio se desencadenó el 11 de noviembre alrededor de las 22:00 horas, cuando la víctima concurrió al domicilio de Nicolás Scarparo. Una vez en el interior de la vivienda, el dueño de casa y su hermano arremetieron físicamente contra el damnificado con el objetivo de obligarlo a desbloquear su teléfono celular.
La agresión escaló rápidamente: los imputados continuaron golpeándolo con un trozo de madera y le aplicaron diversos cortes con un cuchillo. Además, lo ataron con una soga, lo ahorcaron con otra y le colocaron una bolsa en la cabeza con la intención de asfixiarlo.
Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió politraumatismos varios, hematomas y la fractura de su brazo izquierdo, lesiones que fueron catalogadas como graves. El calvario terminó gracias a un testigo que, al escuchar los gritos y ruidos provenientes del inmueble, dio aviso a la policía. Al arribar al lugar y golpear la puerta, los efectivos lograron observar la escena e intervenir.
La pulseada judicial y el fallo
Durante la audiencia de este sábado, el representante del Ministerio Público Fiscal, el funcionario Franco Tavano, solicitó formalmente que se revoque la decisión de libertad que había dispuesto en primera instancia la jueza del caso, la doctora Bórquez, y se ordene la prisión preventiva de ambos hermanos.
En contraposición, la defensa particular de los imputados, ejercida por las abogadas Betania Daporta y Laura Soledad Carrizo, pidió al tribunal que se rechace la revisión y se confirme en todos sus términos la resolución de la jueza. Subsidiariamente, reclamaron que se les impongan mayores medidas sustitutivas a sus asistidos.
Tras escuchar a las partes, el tribunal revisor pasó a deliberar y dictó una resolución de fuerte tono institucional, declarando “arbitraria” la decisión de la jueza inferior