El juez resolvió que el acusado deberá continuar detenido, por la gravedad del hecho y el riesgo de fuga. La defensa había solicitado que se le colocara una tobillera electrónica.
El pasado jueves al mediodía, en los tribunales penales del barrio Roca, se realizó una audiencia de revisión de prisión preventiva en la causa que investiga a Diego Almazan por un hecho de abuso sexual ocurrido el 25 de agosto de 2024.
Durante la audiencia, el defensor público Gustavo Oyarzun solicitó la morigeración de la medida de coerción que pesa sobre su defendido, presentando un domicilio alternativo y dos informes sociales —uno favorable y otro desfavorable— como nuevos elementos que, a su entender, permitirían modificar la situación de detención. La defensa propuso que, en caso de otorgarse la morigeración, se colocara una tobillera electrónica al imputado.
En representación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal general Adrián Cabral se opuso al pedido y recordó que la acusación pública fue presentada el pasado 26 de mayo, encontrándose la causa a la espera de la fecha de audiencia preliminar. Cabral argumentó que persisten los riesgos procesales, en particular el peligro de fuga, dada la gravedad del hecho, la expectativa de pena y los elementos de convicción suficientes que vinculan a Almazan como probable autor del delito.
El hecho que se investiga está calificado legalmente como “abuso sexual con acceso carnal” en carácter de autor, en perjuicio de una menor de edad. En audiencias previas ya se había dictado la prisión preventiva del imputado por los mismos fundamentos.
Finalmente, el juez penal Alejandro Soñis resolvió rechazar la solicitud de la defensa y mantener la prisión preventiva de Diego Almazan, argumentando que la gravedad del hecho y la existencia de un informe social negativo no permiten hacer lugar al pedido de morigeración.