La medida fue adoptada ante el aumento de casos y establece que, una vez identificados los responsables, las familias deberán afrontar los costos de los despliegues policiales. Actualmente, hay 29 alumnos imputados.
El Ministerio de Seguridad de Córdoba resolvió este miércoles que las familias de estudiantes que realicen falsas amenazas de tiroteos en escuelas deberán afrontar los costos de los operativos policiales, en medio de un contexto de creciente preocupación por este tipo de hechos. Actualmente, ya hay 29 alumnos imputados en la provincia.
La medida fue formalizada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, mediante la puesta en marcha del Protocolo de Recupero y Resarcimiento, que habilita al Estado a reclamar a padres o adultos responsables los gastos generados por cada intervención ante amenazas en establecimientos educativos.
Cómo se aplicará el nuevo protocolo
El procedimiento establece que, una vez identificados los responsables por parte de la Justicia, el Estado provincial cuantificará los recursos utilizados —personal, móviles, tecnología y tiempo operativo— e intimará el pago a los adultos responsables de los menores involucrados. En caso de incumplimiento, se podrán iniciar acciones judiciales.
Desde la cartera de Seguridad advirtieron que no se trata de hechos menores. “Cada vez que alguien realiza una falsa amenaza en una escuela, se moviliza un importante dispositivo estatal. Eso tiene un costo, y ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”, señalaron oficialmente.
La normativa contempla que toda amenaza de tiroteo, intimidación pública o falsa alarma que implique el despliegue de recursos —como efectivos policiales, brigadas especiales, bomberos o áreas de investigación— tendrá consecuencias tanto penales como económicas.
Las causas se concentran en el fuero penal juvenil. En la fiscalía de Soledad Carlino se registraron 115 denuncias y 26 adolescentes imputados, mientras que en la fiscalía de Gustavo García hay 121 denuncias y tres imputados, además de 22 adolescentes inimputables por su edad.
La decisión se enmarca en una política más amplia orientada a frenar la escalada de estos episodios, que alteran el funcionamiento escolar, generan angustia en la comunidad educativa y obligan a desviar recursos de seguridad.
“Son conductas graves que ponen en vilo a toda una comunidad educativa y afectan recursos que pertenecen a todos los cordobeses”, indicaron desde el Ministerio.
Además del aspecto sancionatorio, el objetivo es desalentar la repetición de estos hechos y reforzar la prevención, con especial énfasis en el rol de las familias en el control del uso de redes sociales por parte de los adolescentes.
Fuente: La Voz