El fiscal Lucas Papini solicitó que Félix Guillermo Quiroga sea declarado penalmente responsable por el presunto desvío de más de $22 millones de las cuentas del sindicato entre 2019 y 2023. Las querellas acompañaron la acusación y la jueza Karina Breckle dará a conocer su veredicto la próxima semana.
El juicio contra el secretario general de ATE Chubut, Félix Guillermo Quiroga, ingresó en su etapa final con los alegatos de las partes. El fiscal general jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE-DAP), Lucas Papini, solicitó que el dirigente sea declarado penalmente responsable del delito de administración fraudulenta, en carácter de autor.
La acusación sostiene que, entre agosto de 2019 y mayo de 2023, Quiroga transfirió $22.765.769 de la cuenta institucional del gremio hacia cuentas bancarias personales, sin rendir cuentas sobre el destino de esos fondos. Según una estimación actualizada, el monto de las operaciones investigadas superaría los $400 millones a valores actuales.
De acuerdo con la investigación, el dinero provenía de las cuotas sindicales que el Estado descontaba a los trabajadores y depositaba en una cuenta del Banco del Chubut. La pericia contable permitió identificar que esos fondos habrían sido utilizados para pagar tarjetas de crédito, comprar bienes muebles, abonar una membresía deportiva, realizar viajes al exterior y efectuar transferencias a sus hijos.
Durante su alegato, Papini también expuso una diferencia entre los ingresos y los gastos del dirigente. Según detalló, entre 2019 y 2023 Quiroga registró ingresos legítimos por $13.325.936, mientras que sus gastos alcanzaron los $30.338.917. La diferencia, de $17.012.981, sería compatible con la utilización de fondos pertenecientes al sindicato.
El fiscal agregó que el acusado no percibía una remuneración de ATE por sus funciones como secretario general, debido a que contaba con licencia gremial con haberes abonados por el Estado.
Otro de los puntos cuestionados por la fiscalía fue la falta de rendición de cuentas ante los afiliados. Según expuso Papini, desde 2019 no se realizó ningún congreso provincial para informar sobre el destino de los recursos sindicales, pese a que el estatuto establece que esa instancia debe concretarse anualmente.
En relación con los testimonios presentados por la defensa, que señalaron que Quiroga entregaba $700.000 mensuales a auxiliares de la educación cuando no cobraban sus salarios, el fiscal puso en duda su veracidad. Sostuvo que en 2019 ni siquiera un ministro percibía un sueldo de esa magnitud y afirmó que la defensa no logró aportar pruebas suficientes para desvirtuar la hipótesis de la acusación.
Las dos querellas que intervienen en el proceso acompañaron el planteo de la fiscalía. Al finalizar los alegatos, la denunciante Claudia Barrionuevo también hizo uso de la palabra y pidió justicia. “No todos los sindicalistas son iguales”, expresó.
Por su parte, Guillermo Quiroga manifestó su inocencia ante la jueza Karina Breckle.
Finalmente, Papini insistió en que la fiscalía cumplió con la carga probatoria y que las pruebas testimoniales, documentales y periciales permitieron acreditar los hechos investigados. Por ese motivo, solicitó que Quiroga sea declarado penalmente responsable por administración fraudulenta y que se le impongan las costas y los gastos del proceso.
Tras escuchar a todas las partes, la jueza Karina Breckle informó que se tomará el plazo legal de cinco días hábiles para resolver. El veredicto será leído el miércoles de la próxima semana, en una nueva audiencia oral y pública, en horario a confirmar por la Oficina Judicial de Rawson.