Ante la incertidumbre de las familias de los colectiveros, el Ejecutivo garantizó el compromiso de priorizar su contratación a medida que se sumen nuevas unidades, pero desestimó un pase masivo e inmediato que comprometa las arcas públicas.
La secretaria de Servicios Públicos de Comodoro Rivadavia, Cintia Juárez, sentó la posición oficial del Ejecutivo local frente al reclamo de los 72 colectiveros del transporte urbano que no ingresaron en la primera etapa del nuevo servicio. La funcionaria remarcó la necesidad de separar dos marcos legales totalmente distintos y enfatizó que la empresa saliente, Patagonia Argentina, continúa siendo la empleadora formal de dicho personal y cuenta con los fondos otorgados por el Estado para saldar sus liquidaciones.
Indemnizaciones a cargo de la empresa saliente
Respecto a las obligaciones laborales pendientes, Juárez detalló que durante la vigencia del contrato anterior la Municipalidad reconoció e integró dentro del costo del servicio un 2% mensual calculado sobre la masa salarial, asignado expresamente como previsión para desvinculaciones. A lo largo de la concesión, esa partida representó el traspaso de cientos de millones de pesos a las arcas de Patagonia Argentina.
Por este motivo, la funcionaria sostuvo que corresponde exigir a la compañía saliente que responda por las indemnizaciones de sus expersonales, dado que el Estado municipal ya cumplió en tiempo y forma con el financiamiento de ese concepto.
El pliego y la prioridad de contratación
En relación con el marco normativo del nuevo operador, el Grupo MR, la secretaria precisó que los artículos 22 y 23 del pliego licitatorio establecen que la concesionaria debe absorber únicamente la “cantidad necesaria” de trabajadores para cubrir la operatividad activa, sin fijar la obligación de incorporar la totalidad de la plantilla de la firma saliente.
No obstante, Juárez subrayó que el Municipio firmó un acuerdo con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo. Mediante este acta, la Comuna asumió el compromiso de confeccionar un listado con el personal restante para que, a medida que la nueva empresa sume unidades a las líneas, los exchoferes de Patagonia Argentina tengan la prioridad absoluta para ser contratados.
Emergencia económica y respaldos técnicos
La solicitud para extender el plazo original de 90 días para completar la flota de 121 colectivos fue encuadrada en la adhesión del municipio a la Ley Provincial de Emergencia Económica. Según explicó la titular de Servicios Públicos, obligar a la inmediata incorporación de toda la flota agravaría severamente el déficit presupuestario proyectado para el presente año.
Para fundamentar la aprobación del convenio en el Concejo Deliberante, el Ejecutivo adjuntó tres informes técnicos centrales. El primero corresponde a la Secretaría de Economía, donde se analiza la sostenibilidad financiera del sistema; el segundo fue elaborado por Asesoría Letrada para respaldar el encuadre legal del acuerdo; y el tercero pertenece a la Subsecretaría de Transporte, con el relevamiento operativo sobre las frecuencias y unidades necesarias para cubrir la demanda actual de la ciudad.