Desde el Gobierno argumentan la necesidad de preservar el “equilibrio fiscal” y evitar “un aumento desmedido e irresponsable del gasto público”.
El Gobierno de Javier Milei profundizó su postura de ajuste fiscal al vetar por completo la Ley de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan, una decisión que se suma al rechazo total de la Ley de Financiamiento Universitario.
Ambas medidas, publicadas en el Boletín Oficial, se argumentan en la necesidad de preservar el “equilibrio fiscal” y evitar lo que la administración libertaria considera un “aumento desmedido e irresponsable del gasto público”.
Como respuesta, los trabajadores del Garrahan convocaron a un nuevo paro y movilización para este viernes y sábado.
“Ante el veto a la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario, no tenemos dudas: hay que vetar al presidente en las calles”, expresó la publicación de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT).
La Casa Rosada, en cambio, postergó la definición sobre la Ley de Redistribución Automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una normativa de gran importancia para los gobernadores, cuya resolución se conocerá hacia última hora de este viernes. Esta demora ocurre en medio de un ajuste en la estrategia política del oficialismo tras la derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires y la búsqueda de reabrir el diálogo con las provincias.
Según informó Noticias Argentinas, el veto al Hospital Garrahan y la incertidumbre sobre los ATN generaron preocupación entre los mandatarios provinciales.
Los argumentos del veto a la Emergencia en el Garrahan
El Decreto que veta la Ley de Emergencia Pediátrica en el Garrahan lleva la firma del Presidente y de todo el gabinete nacional. Sus fundamentos son contundentes:
– Impacto Fiscal Directo: El Gobierno estimó un “impacto fiscal directo” de $115.030.000.000 por la recomposición salarial prevista en la ley.
– Desfinanciación de otros programas: Aduce que este gasto debería financiarse con “reasignaciones dentro del presupuesto del Ministerio de Salud y con reservas destinadas a contingencias sanitarias”, lo que “inevitablemente conduciría a la desfinanciación de programas sanitarios vigentes y a la erosión de los recursos destinados para prestar asistencia en emergencias”.
– Comparaciones alarmantes: Para ejemplificar el impacto, el Gobierno comparó el monto con “un tercio del calendario total de vacunas, tres veces el crédito destinado para políticas de cobertura en VIH, lepra, tuberculosis, ITS y hepatitis virales o al financiamiento de un año y medio de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC)”.
– “Aumento desmedido e irresponsable”: El decreto sostiene que el proyecto “carece de un financiamiento genuino”, tiene una “redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad”, “profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las provincias”.