El referente de los taxistas, Leonardo Farías, solicitó al Municipio la declaración de la emergencia económica y una exención impositiva retroactiva, y advirtió que los ingresos no alcanzan a cubrir los costos ante la caída del trabajo, el atraso tarifario y la competencia ilegal.
El referente de los taxistas, Leonardo Farías, advirtió sobre la grave situación económica que atraviesa el sector y confirmó que solicitaron al Municipio la declaración de la emergencia, junto con una exención impositiva que les permita sostener la actividad.
“Este lunes estuvimos reunidos con el concejal Montenegro, presidente de la Comisión de Transporte, y le acercamos una serie de medidas que entendemos son necesarias para poder sostener el trabajo”, explicó Farías, quien remarcó que el reclamo viene siendo planteado desde hace meses ante distintas autoridades del Ejecutivo municipal.
Según detalló, la situación de los choferes es crítica: “Hoy el taxista vive con menos de 30.000 pesos por día, incluso 20.000 en algunos casos. A duras penas alcanza para comer y no se paga ni un alquiler”. A esto se suman costos cada vez más elevados que hacen inviable la actividad.
Farías señaló que el sector lleva tiempo intentando visibilizar la problemática: “Le presentamos la crisis al intendente, al viceintendente, al secretario de Gobierno, a todos. Tratamos de explicar que más de 300 familias están en una situación muy delicada”.
Entre los reclamos, también mencionó la falta de implementación de ordenanzas ya aprobadas. Como ejemplo, indicó que hace más de seis meses se sancionó una normativa para reorganizar las paradas de taxis, pero aún no se ejecutó: “Ni siquiera se pudo colocar un cartel de parada. No hay presupuesto, no hay personal, no hay movilidad”.
En ese sentido, cuestionó la falta de respuestas del Ejecutivo: “Tenemos logros a nivel legislativo en el Concejo Deliberante, pero cuando vamos al Ejecutivo se traba todo”.
El pedido central del sector es la declaración de la emergencia económica del rubro, acompañada por la exención de impuestos con carácter retroactivo de hasta 24 meses y desde enero de este año. “Sabemos que no es la solución definitiva, pero es la única posibilidad que hoy nos podría dar un poco de aire”, afirmó.
Otro de los factores que agrava la crisis es la competencia desleal. Si bien existe una ordenanza para sancionar el transporte ilegal, Farías aseguró que no se ve reflejada en controles efectivos: “No vemos impacto en la calle ni campañas que muestren resultados”.
Además, indicó que las tarifas están desactualizadas: “Hoy están fijadas con un combustible a 800 pesos, cuando en realidad ronda los 1900. Hace más de un año y tres meses que no se pueden modificar”.
El dirigente también alertó sobre el abandono de la actividad: “Muchos compañeros han tenido que dejar de trabajar. Se están devolviendo licencias de remises y taxis. Es una locura que seamos los que más pagamos y los que menos trabajamos”.
Finalmente, adelantó que esperarán una respuesta oficial hasta el miércoles, tras el compromiso asumido por el concejal Montenegro. “A partir de ahí veremos qué medidas tomar. No descartamos ninguna, porque hay muchísimo malestar. Esto no es de ahora, lleva años”, concluyó.