Tras más de 13 años de ser residentes legales en el lugar, no tienen la mensura registrada y por ello no pueden solicitar el acceso a los servicios
Mientras se les corta el servicio eléctrico y se les exige pagar un proyecto de cableado, postes y transformador, con un costo de 500.000 pesos a cada usuario, más el pago mensual de aproximadamente 17.000 pesos, más de 30 familias de la Fracción 85D, en la extensión del Máximo Abásolo, siguen realizando un reclamo que nadie escucha o sobre los que nadie da respuestas, publicó Crónica.
Todos los adjudicatarios, de manera legal, con una ocupación de lotes otorgada por el municipio y residentes en la zona desde el 2009, se encontraron en estos momentos con que el plano municipal que recibieron entonces, recién fue registrado el 23 de octubre del año pasado por lo que, con más de 13 años de residencia en el lugar, no tienen la mensura registrada y por ello no pueden solicitar los servicios.
Desde el año 2009 a la fecha, han sido muchos los reclamos que se realizaron a diferentes áreas y organismos pero la respuesta siempre fue que “en unos días solucionamos el inconveniente”, solución que jamás llegó hasta que ahora, luego de las intimaciones y cortes de servicio -sin electricidad ni gas para el consumo familiar- se encuentran en la disyuntiva de afrontar enormes costos “cuando somos todas familias humildes que vivimos al día con lo que cobramos y ni siquiera eso porque, con algunos ancianos o pequeños con discapacidad, tenemos mayores costos de vida que nadie contempla y lo que, de hecho, hasta impide una alimentación como corresponde, principalmente de los niños”.
Gisela Flores, Elcira Pérez y Jésica Bardet son las voceras de las familias ubicadas en el sector que delimita las calles Las Plumas, Puerto Madryn y Forjadora Patagónica donde sin servicios domiciliarios, sin alumbrado público, con un pozo petrolero sin sellar en el sector y un amplio predio frente a sus viviendas, que se ha transformado en un gran basural urbano, continúan realizando gestiones “en búsqueda de lo que sería una lógica empatía para con nosotros, vecinos que intentando vivir dignamente, tenemos que sobrevivir de la peor manera pese a nuestros reclamos por sostener una legalidad que no se nos otorga, como si fuéramos ciudadanos de segunda”.
