El gremio UTA pide un incremento salarial similar al que se otorgó a los trabajadores del AMBA. En las provincias, los empresarios aducen que no tienen recursos.
El conflicto en el transporte público de pasajeros ingresó este martes en una etapa de tregua, luego de que el Gobierno nacional dispusiera la conciliación obligatoria por 15 días entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), en un intento por evitar la paralización del servicio y abrir una instancia de negociación que permita destrabar el reclamo salarial.
La decisión oficial llegó tras el anuncio de medidas de acción directa por parte del gremio de choferes, que amenazaban con afectar la normal prestación del transporte urbano e interurbano en distintas provincias. Ante ese escenario, la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo resolvió encuadrar el conflicto bajo la Ley 14.786 y retrotraer la situación al estado previo a la disputa, obligando a las partes a garantizar la continuidad del servicio mientras se desarrollan las conversaciones.
La disposición establece que, durante el período de conciliación, el sindicato deberá suspender cualquier paro o medida de fuerza prevista, mientras que las empresas nucleadas en FATAP deberán abstenerse de adoptar represalias contra los trabajadores y asegurar las tareas habituales. El objetivo, según se desprende de la resolución, es preservar el interés general y evitar que el conflicto escale hasta generar mayores perjuicios a los usuarios del sistema.
Con la conciliación ya vigente desde la medianoche del 11 de febrero, el Ministerio de Capital Humano fijó una audiencia virtual para el 19 de febrero con el objetivo de evaluar el cumplimiento de la medida y monitorear los avances en las conversaciones. Las autoridades exhortaron a ambas partes a mantener una actitud de diálogo para alcanzar un acuerdo que garantice la paz social y la normal prestación del servicio.
El enfrentamiento entre las partes se inscribe en un escenario de tensiones recurrentes dentro del sector, marcado por reclamos salariales, dificultades financieras de las empresas y discusiones por subsidios y costos operativos. En las últimas semanas, las negociaciones se habían empantanado, lo que derivó en la advertencia de nuevas medidas gremiales y encendió las alarmas en las provincias, donde el transporte público constituye un servicio esencial para miles de trabajadores y estudiantes. El gremio reclama que a los trabajadores del interior se les pague el mismo incremento salarial que el concedido a sus pares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), del orden del 18% escalonado hasta abril. Los empresarios aducen que no cuentan con compensaciones nacionales ni fondos extra para pagar esa suba.