La medida fue impulsada por el Ejecutivo y recibió el respaldo del oficialismo. La oposición se expresó en contra, criticó la falta de medidas de fondo y denunció que no hay un plan de salida para la crisis.
Con respaldo del bloque oficialista y tras un extenso debate, la Legislatura provincial aprobó este jueves la prórroga de la ley de emergencia económica, financiera y administrativa.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, extiende por 18 meses herramientas de control y suspensión de pagos a determinadas obligaciones del Estado.
El proyecto original del Ejecutivo tuvo algunas modificaciones en la Comisión donde se trató. La oposición votó en contra y cuestionó la medida.
Entre los fundamentos se planteó que “es responsabilidad de este Poder Ejecutivo propiciar las medidas que por el presente se sugieren sancionar, entendiendo que ello permitirá contar con las herramientas de política económica y de control de gastos necesarios para mantener el orden económico, administrativo y financiero de la Administración”.
Agregando que “en mérito de lo expuesto, este Ejecutivo sostiene la procedencia de las disposiciones que se proponen en el proyecto de ley adjunto, remitiendo el mismo a la Honorable Legislatura para su tratamiento”.
La prórroga de la emergencia fue aprobada con el voto del bloque oficialista Despierta Chubut y Familia Chubutense, la abstención del Pich y en contra Arriba Chubut y el Frente de Izquierda.
Emergencia económica
La Ley de Emergencia Económica prorrogada en la sesión de este jueves en la Legislatura, establece entre otras medidas la suspensión de pago y otras contraprestaciones que correspondan a obligaciones contraídas antes del 30 de junio de 2025.
Dentro de esas obligaciones no se incluye el pago de haberes a empleados, prestaciones de ISSyS, obligaciones provenientes del endeudamiento financiero, deudas financieras con el Estado Nacional, deudas con los municipios y las comunas rurales, entre otros ítems que hacen al funcionamiento del Estado provincial.
Pero sí establece la ley que quedan suspendidas las ejecuciones de las sentencias, acuerdos conciliatorios y laudos arbitrales que condenen al “Estado Provincial” al pago de sumas de dinero o al cumplimiento de obligaciones que se resuelvan en dar sumas de dinero.