La medida cautelar fue presentada por la CGT y frena parte de la Ley de Modernización Laboral sancionada en febrero. El juzgado del Trabajo advirtió sobre posibles afectaciones a derechos constitucionales de los trabajadores mientras se analiza la constitucionalidad de la norma.
La Justicia laboral resolvió suspender de manera provisoria más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, tras una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT). La decisión judicial frena temporalmente una parte sustancial de la Ley de Modernización Laboral (27.802), aprobada por el Congreso el pasado 27 de febrero.
La presentación fue realizada por el triunvirato que conduce la central obrera, integrado por Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, quienes cuestionaron varios puntos de la normativa por considerar que podrían vulnerar derechos laborales consagrados en la Constitución.
El Juzgado Nacional del Trabajo que intervino en el caso resolvió dar lugar a la cautelar y suspender provisoriamente los artículos impugnados hasta que se resuelva la cuestión de fondo, vinculada a la constitucionalidad de la ley.
En su resolución, la Justicia advirtió sobre la posible “afectación de derechos constitucionales” y el riesgo de un “perjuicio inminente” para los trabajadores si las disposiciones cuestionadas entraran plenamente en vigencia.
Por ese motivo, el tribunal consideró necesario adoptar una medida preventiva que preserve la situación actual hasta que se dicte una sentencia definitiva, luego de un análisis más profundo del contenido de la norma.
En el fallo también se destaca que la cautelar se sustenta en la “verosimilitud del derecho calificada”, un criterio jurídico que implica que existen fundamentos suficientes para considerar que el reclamo podría prosperar en el proceso judicial.
El magistrado también señaló que la aplicación inmediata de los artículos cuestionados podría provocar una ruptura en los derechos laborales adquiridos por los trabajadores, lo que justificó la decisión de suspender su implementación de forma temporal.
Dentro de la resolución se reconoce además la legitimidad de la CGT para promover la acción judicial. En ese sentido, el fallo sostiene que la central sindical posee “legitimación activa” para impugnar los artículos señalados, especialmente aquellos vinculados con derechos fundamentales del sistema laboral.
Entre los puntos cuestionados se encuentran aspectos relacionados con la sindicalización, la negociación colectiva y el derecho de huelga, además de otros temas que afectan condiciones laborales individuales y colectivas.
El tribunal también señaló que los trabajadores potencialmente afectados constituyen grupos con características comunes y homogéneas, cuyas relaciones laborales se encuentran reguladas por las normas vigentes en el país, lo que refuerza la pertinencia de la intervención judicial.
Por el momento, la suspensión de los artículos se mantendrá con carácter provisorio mientras avanza el proceso judicial y se analiza en profundidad la constitucionalidad de la reforma.