El fiscal Mario Villar solicitó que continúe cumpliendo su condena en prisión domiciliaria, pero en un nuevo domicilio que no sea el de su hija. La medida deja sin efecto el pedido previo de los fiscales Luciani y Mola, que pedían cárcel común.
El fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Mario Villar, solicitó que Cristina Fernández de Kirchner continúe cumpliendo su condena en el marco de la causa Vialidad bajo arresto domiciliario, aunque pidió que se modifique el lugar de detención, y ya no sea el departamento de su hija en el barrio de Constitución.
De esta manera, Villar retiró el planteo previo realizado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían pedido que la ex presidenta cumpla su pena de seis años en una cárcel. Al quedar sin efecto esa solicitud, la Cámara ya no podrá tratar la posibilidad de enviar a CFK a prisión común, y la modalidad domiciliaria seguirá vigente.
El pedido fue presentado por escrito minutos antes de que comenzara una audiencia oral prevista para este lunes en la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, presidida por Mariano Borinsky e integrada por los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. En ese marco, Villar sostuvo que la prisión domiciliaria no implica la falta de control estatal sobre la conducta de la condenada y remarcó que puede garantizar el cumplimiento de los fines de la pena.
Además, el fiscal reiteró el pedido de que se reubique a la ex presidenta en otro domicilio, argumentando que su permanencia en la actual vivienda genera inconvenientes a los vecinos de la zona y también riesgos para su propia seguridad, especialmente por sus apariciones en el balcón.
Por su parte, el abogado defensor de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, se opuso al cambio de domicilio y solicitó que se le retiren ciertas restricciones: entre ellas, la tobillera electrónica y las limitaciones en las visitas.
La Cámara Federal de Casación Penal deberá tomar una decisión en los próximos cinco días hábiles.
El pedido original de los fiscales Luciani y Mola
A fines de junio, los fiscales Luciani y Mola habían apelado la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, solicitando que sea revocada y se ordene su traslado a una cárcel. Argumentaron que la medida era un “privilegio” y que atentaba contra el principio de igualdad ante la ley.
Sostuvieron que, tratándose de un caso de corrupción grave, las penas deberían cumplirse en establecimientos carcelarios. También mencionaron que mantener a la ex mandataria en su actual domicilio generaba trastornos en el barrio, como lo había reflejado un informe del gobierno porteño, y alertaron sobre su seguridad personal, recordando el intento de asesinato que sufrió en 2022.
De todos modos, coincidieron en que, si se mantenía la prisión domiciliaria, debía ser en otro lugar.