La Fiscalía Federal apeló la prisión domiciliaria de la expresidenta y solicitó que cumpla su condena en una cárcel común. Argumentan que no hay motivos legales ni de seguridad que justifiquen su permanencia en su domicilio.
Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron este lunes que se anule la prisión domiciliaria otorgada a Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “Vialidad” y que la ex presidenta sea trasladada a una unidad penitenciaria para cumplir su condena.
Según informó Infobae, el planteo fue presentado ante la Cámara Federal de Casación Penal. En el documento, los fiscales argumentaron que no hay razones válidas para que la ex mandataria cumpla su pena fuera de una cárcel, señalando que “la prisión debe cumplirse en un establecimiento penitenciario, tal como lo establece la ley”.
Además, cuestionaron que la detención se realice en su departamento del barrio porteño de Monserrat, argumentando que la presencia de la ex presidenta en esa ubicación ha generado problemas en la zona, como interrupciones en servicios públicos, ruidos y concentraciones que afectan la seguridad del vecindario y de la propia detenida, quien ya sufrió un intento de asesinato en 2022.
El Tribunal Oral Federal 2 había otorgado la prisión domiciliaria por motivos de seguridad, citando la condición de dos veces ex presidenta, su edad —72 años— y la necesidad de evitar un régimen carcelario de aislamiento, lo que consideraron incompatible con un trato humanitario.
Luciani y Mola rechazaron estos fundamentos. Aseguraron que existen lugares alternativos bajo control de fuerzas federales donde la ex presidenta podría cumplir condena con garantías de seguridad. También insistieron en que su situación no difiere de la de los otros ocho condenados en la causa, quienes ya fueron alojados en cárceles del Servicio Penitenciario Federal.
Asimismo, la Fiscalía planteó que, si no se revoca la prisión domiciliaria, al menos debería ser cumplida en otro lugar, para evitar los inconvenientes que genera su permanencia actual.
Ahora será la Sala IV de la Cámara de Casación Penal —integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña— la que deberá resolver sobre este y otros recursos en la causa. Entre ellos, se debatirá también el régimen de visitas autorizado por el tribunal y la utilización de una tobillera electrónica, cuestionada por la defensa.