La Justicia de Esquel ratificó la prisión preventiva para Mónica Morales. El fiscal reveló detalles escabrosos sobre la conducta de la mujer previos al crimen y descartó, por el momento, pruebas de violencia de género.
La tranquilidad de la pequeña localidad de Tecka se vio nuevamente sacudida tras la revelación de nuevos detalles en la causa que investiga el asesinato de Lázaro Calfumán. Durante la última audiencia, el fiscal Fidel González presentó una prueba que define la frialdad de la imputada: Mónica Morales, tras ultimar a su esposo de un balazo en la cabeza, capturó una fotografía del cuerpo sin vida y se la envió a su propio hijo. Este acto fue calificado por la Fiscalía como un comportamiento impactante y revelador que desmorona la imagen de serenidad que la defensa intentó proyectar.
A pesar de que el nuevo abogado defensor de Morales solicitó la prisión domiciliaria o la libertad inmediata, la Justicia decidió que la enfermera continúe tras las rejas. La defensa basó su pedido en el arraigo de la mujer, sus dos décadas de servicio ejemplar en el hospital rural y la crisis económica que atraviesa su familia al perder su salario. Además, plantearon que Morales actuó bajo un contexto de violencia de género crónica, sugiriendo que el encarcelamiento representa una forma de revictimización por parte del Estado.
Sin embargo, el relato de la fiscalía pintó un panorama muy distinto sobre el temperamento de la acusada. Se revelaron episodios previos de extrema violencia, como una ocasión en la que Morales fue vista presionando un cuchillo contra el cuello de Calfumán mientras le reclamaba por una supuesta infidelidad. También se mencionaron testimonios sobre un ataque de furia donde la mujer intentó destrozar una abertura de su casa con un hacha, sumado a amenazas de muerte directas hacia su pareja en caso de que este decidiera abandonarla.
En cuanto a la supuesta violencia de género que habría sufrido la enfermera, los investigadores señalaron que no existen registros oficiales ni denuncias previas en sus 26 años de relación. El personal del hospital donde trabajaba, la Comisaría de la Mujer y hasta los pastores de su congregación coincidieron en que no tenían conocimiento de que ella fuera víctima de maltratos. Asimismo, los peritajes iniciales no mostraron lesiones en el cuerpo de Morales que indicaran una pelea o un acto de legítima defensa al momento del disparo.
Finalmente, la jueza del caso ratificó la prisión preventiva al menos hasta finales de mayo, considerando que el riesgo de entorpecimiento es elevado.
Si bien la magistrada aseguró que analizará el proceso con perspectiva de género, recordó que, de no probarse la legítima defensa, el homicidio agravado por el vínculo conlleva una única pena posible: la prisión perpetua.