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martes, agosto 9, 2022
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La Asociación de Magistrados pide poner un límite a la actitud de Massoni

Los magistrados sostienen que “además de inscribirse en una campaña de desprestigio de otro poder del estado, atenta contra la paz social en un contexto de grave crisis socioeconómica incrementada por la situación de pandemia”.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios judiciales de la provincia del Chubut emitió un comunicado contra las últimas expresiones del Ministro de seguridad, Federico Massoni, en relación a las personas detenidas y a la actuación de los/as magistrados/as que tienen el deber funcional de velar por el cumplimiento de las garantías y los derechos ciudadanos.

El extenso texto señala que “La protección de los bienes e intereses jurídicos de todos los habitantes, sin excepción alguna, constituye el pilar de nuestro pacto constitucional, condición necesaria para una convivencia pacífica. Por tal razón los derechos fundamentales son universales, inalienables e indisponibles”.

Además manifiesta que “En su carácter de Ministro de Seguridad debería saber que su obligación esencial es la de custodiar los derechos de la ciudadanía toda que, obviamente, incluye a las personas acusadas o condenadas por la comisión de un delito. También debería conocer el Sr. Ministro que es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo garantizar lugares de detención que cumplan con las exigencias impuestas por las normas nacionales e internacionales en la materia”.

Otro párrafo comienza: “Garantizar los derechos de quienes se hallan privados de su libertad no significa, en modo alguno, ignorar o desatender los derechos del resto de la ciudadanía. Mucho menos aún los de aquellas personas que han resultado víctimas de un delito, respecto de quienes existe también un amplio marco normativo que prevé especiales derechos y garantías frente al estado”,

Y concluye de la siguiente manera: “La gravedad institucional de las manifestaciones del Ministro exige la inmediata intervención del señor Gobernador de la Provincia para poner un límite a su actitud. El ilegítimo proceder del Funcionario, además de inscribirse en una campaña de desprestigio de otro poder del estado, atenta contra la paz social en un contexto de grave crisis socioeconómica incrementada por la situación de pandemia”.

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