La imputada, de 35 años, habría gestionado créditos a nombre de las víctimas mediante home banking y transferido más de 3 millones de pesos a su billetera virtual. La Fiscalía ya formalizó la investigación y otorgaron seis meses para reunir pruebas.
La Justicia de Sarmiento investiga a una mujer de 35 años acusada de estafar a los abuelos de su pareja mediante la obtención fraudulenta de préstamos bancarios. La imputada, identificada como Celeste Fernanda Soto Assin, fue formalmente imputada por el delito de estafa durante una audiencia realizada este jueves en la Oficina Judicial local.
Según la acusación presentada por la Fiscalía, la sospechosa habría aprovechado la confianza de sus familiares políticos para acceder a sus datos personales y biométricos. De acuerdo con la investigación, creó servicios de home banking del Banco Nación a nombre de las víctimas y gestionó préstamos que luego transfirió a su propia billetera virtual.
Uno de los hechos tuvo como damnificada a la abuela de su pareja. La investigación sostiene que el 30 de octubre de 2024, Soto realizó dos transferencias desde un crédito obtenido a nombre de la mujer: una por 1.000.000 de pesos y otra por 1.462.500 pesos, sumando un total de 2.462.500 pesos.
La Fiscalía también le atribuye una maniobra similar en perjuicio del abuelo de su novio. En ese caso, habría obtenido un préstamo por 640.000 pesos y transferido inmediatamente el dinero a una cuenta bajo su control.
Los investigadores señalaron además que parte de los fondos obtenidos fueron utilizados para el pago de servicios de telefonía y diversas compras personales.
Como consecuencia de las maniobras denunciadas, las víctimas quedaron comprometidas al pago de las cuotas de los créditos gestionados sin su consentimiento. En uno de los casos, el Banco Nación informó que se debitarían 48 cuotas correspondientes al préstamo otorgado.
La causa también expone el impacto que la presunta estafa tuvo sobre una persona con discapacidad. Según detalló la Fiscalía, una de las hijas de la denunciante figura como afectada indirecta, ya que el dinero ahorrado por la familia estaba destinado a una cirugía de piernas que debía realizarse y no pudo concretarse debido al perjuicio económico sufrido.
Durante la audiencia, la procuradora Marisol Sandoval y la funcionaria Tamara Bernardi representaron al Ministerio Público Fiscal. Por su parte, la imputada fue asistida por la abogada particular Claudia Isabel Jones.
La defensa no presentó objeciones a la formalización de la investigación y propuso la posibilidad de resolver el conflicto mediante una salida alternativa, ofreciendo una reparación económica en un único pago para resarcir a los damnificados.
Finalmente, el juez Ariel Quiroga hizo lugar al pedido de la Fiscalía para formalizar la investigación preparatoria de juicio y fijó un plazo de seis meses para que el Ministerio Público Fiscal avance con la recolección de pruebas y concluya la etapa investigativa.