La Justicia de Chubut condenó a un camionero de Puerto Madryn a un año de prisión en suspenso luego de que admitiera haber ofrecido dinero a un efectivo policial durante un control vehicular en Rawson. Buscaba evitar sanciones por irregularidades en el transporte de mercadería.
Un camionero de Puerto Madryn fue condenado a un año de prisión en suspenso tras reconocer que intentó sobornar a un efectivo de la Policía del Chubut durante un control vehicular realizado en Rawson. El hecho ocurrió el 28 de agosto de 2025 y quedó encuadrado en el delito de cohecho activo.
El procedimiento se desarrolló sobre la Ruta Nacional N° 25, a la altura del puesto policial de acceso a la capital provincial. Allí, personal policial detuvo la marcha de un camión Mercedes Benz con semirremolque y de una camioneta Toyota HIACE que viajaban juntos transportando distintos tipos de mercadería.
Durante la inspección, los agentes detectaron una irregularidad: alimentos como frutas y verduras eran trasladados junto con electrodomésticos y sustancias químicas, una práctica prohibida por la normativa vigente debido a los riesgos sanitarios que implica.
Ante esta situación, se solicitó la intervención del área de Bromatología de la Municipalidad de Rawson para evaluar las condiciones del transporte y determinar las medidas correspondientes. Mientras se realizaban las actuaciones y se requería la documentación de los vehículos, uno de los conductores intentó evitar las sanciones.
Según consta en la investigación, Nicolás Flores Orquezo, conductor de la Toyota HIACE, se acercó al cabo primero Maldonado y le ofreció dinero para que lo dejara continuar viaje. De acuerdo con el expediente judicial, el hombre manifestó: “Yo le doy una plata para que me deje ir, yo sé que estoy en falta, yo le doy unos 300.000 pesos para que me deje ir”.
El efectivo rechazó la propuesta y continuó con el procedimiento, labrando el acta de infracción correspondiente. Posteriormente, los propios agentes realizaron la denuncia que dio origen a la causa penal.
La investigación estuvo a cargo del fiscal general Leonardo Cheuquemán, la funcionaria de fiscalía Patricia Cárcamo y la procuradora fiscal Janet Davies. El caso avanzó mediante un juicio abreviado, mecanismo que permite evitar el debate oral cuando el imputado admite su responsabilidad.
La jueza de garantías Eve Ponce homologó el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa, imponiendo una pena de un año de prisión en suspenso. Además, el condenado deberá cumplir diversas pautas de conducta durante el período establecido por la Justicia.
Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que la conducta del imputado afectó el normal funcionamiento de la administración pública, al intentar influir de manera ilegal sobre el accionar de un funcionario policial en ejercicio de sus funciones.
El caso también puso de relieve la importancia de los controles de tránsito y sanitarios sobre el transporte de mercaderías en la provincia, así como el trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad y los organismos municipales para detectar y sancionar irregularidades.