La Suprema Corte bonaerense ordenó que se analice el pedido de María del Carmen, una mujer de 52 años que padece una enfermedad autoinmune irreversible. El fallo representa un precedente clave en el debate sobre el derecho a la eutanasia, que aún no tiene regulación en el país.
Después de años de padecimiento y de una larga batalla judicial, María del Carmen Ludueña volvió a sentir esperanza. La Suprema Corte de Justicia bonaerense resolvió que su pedido de acceder a la eutanasia debe ser analizado, lo que marca un paso clave en un debate ético y legal que aún no tiene regulación en la Argentina.
La mujer sufre una enfermedad autoinmune que la mantiene inmovilizada y con dolores constantes: “Cualquiera que pase 24 horas como yo pediría lo mismo”, aseguró.
María vive en La Reja, Moreno y decidió contar su historia mediante una entrevista que le brindó a Infobae. Desde hace siete años está postrada en su cama: tienen que acomodarle los almohadones y el cuerpo para que pueda dormir, cortarle la comida bien chiquita o esperar a que las galletitas se disuelvan en el café con leche, darle de comer y de tomar en la boca, cambiarle los pañales y el canal del televisor.
Su parálisis es la consecuencia del deterioro irreversible que le produce la artritis reumatoidea poliarticular, seropositiva y erosiva en curso grave, resistente a antiinflamatorios, corticoides e hidroxicloroquina que le diagnosticaron en 2001, después de varios años de incertidumbre sobre los dolores articulares que no paraban de crecer. Esos dolores se volvieron resistentes a la analgesia con el correr de los años: María los siente todos los días, a todas las horas.
En noviembre de 2024, a través de un defensor oficial, presentó un recurso de amparo para acceder a la eutanasia, es decir, la asistencia médica para morir. La solicitud fue rechazada en primera y en segunda instancia.
En ambos casos, el rechazo fue in limine, es decir, de antemano y porque no existe legislación que avale la práctica de la eutanasia en Argentina. Se desestimó el pedido sin que ninguno de los dos tribunales analizara el escenario particular y concreto de María.
Pero, la buena noticia para María es que, la Suprema Corte provincial acaba de instar a que eso cambie. Más allá de que no haya una ley que prevea el acceso a asistencia médica para morir, el máximo tribunal bonaerense ordenó que se examine el caso particular de la solicitante.
La decisión de la Justicia
En el documento, la Corte se refiere a que “las especiales y desdichadas circunstancias que rodean al caso, en definitiva, comprometen prerrogativas constitucionales de primerísimo orden que hacen al derecho a la vida, a la autonomía de la voluntad y a la dignidad humana”.
“Denegar de forma liminar -como aquí- la apertura de la jurisdicción debe considerarse una flagrante violación del acceso a la justicia y al debido proceso”, suma la argumentación emitida por el máximo tribunal de la Provincia.
“Era la mejor noticia que podíamos recibir en esta instancia, donde lo que la Corte debía definir era si avalaba que se analice el caso de María o ratificaba el rechazo in limine de las instancias anteriores”, sostiene en Edgardo Pablo Molins, defensor oficial de Ludueña.
El fallo ordenó que sea un juzgado del fuero Contencioso Administrativo el que revise la solicitud de María, contemplando su caso particular. Y como en la sección judicial que le corresponde, que es la de General Rodríguez, no hay un juzgado abierto en ese fuero, la causa seguirá su curso en la sección judicial de Mercedes, donde deberá tomarla el juez Luis Oscar Laserna.
En la Argentina, hay cinco proyectos de ley presentados en el Congreso para legalizar la asistencia médica para morir: todos a fines de este año
A diferencia de lo que ocurrió hasta ahora, esta vez María y sus abogados tendrán la oportunidad de presentar documentación para sostener su pedido. La Justicia tendrá delante de sí todas las pruebas ofrecidas por la defensa de María originalmente, que hasta ahora no habían sido evaluadas en ninguna instancia. Son historias clínicas, descripciones de los tratamientos que atraviesa y solicitudes para que los centros sanitarios que la atendieron presten la información necesaria sobre su cuadro.
Además, se prevé que declaren familiares, médicos y enfermeras que acompañan y acompañaron a Ludueña en todos estos años, así como una pericia médica, psiquiátrica y psicológica que determine su capacidad para decidir y su inequívoca voluntad a la hora de solicitar el acceso a la asistencia médica para morir.
La Justicia, según ordenó la Corte, debería evaluar los informes sobre el escenario actual y el pronóstico de María, y estimar la gravedad, intensidad y cronicidad de sus padecimientos físicos y psíquicos.