La crisis en la ex Guilford continúa afectando a decenas de trabajadores tras el cierre de la histórica planta textil. Según el abogado laboralista Javier Echelini, el proceso para que los empleados accedan a sus indemnizaciones ha sido largo y complejo, en gran medida debido a la depreciación económica y los extensos procedimientos judiciales que demoraron años
“Después de 4 o 5 años de juicio, logramos que se subastara el edificio principal. Con ese monto, que estuvo por debajo de lo esperado, se pudo cerrar el año cubriendo indemnizaciones de una gran cantidad de empleados. Aún hay 40 trabajadores esperando, pero hay bienes embargados que prevemos vender este año para cumplir con esas deudas,” explicó Echelini.
El abogado subrayó que los montos percibidos por los trabajadores están desactualizados: “Estamos hablando de valores del 2021, muy desfasados respecto al 2024, considerando las devaluaciones y la inflación. Sin embargo, al menos cada empleado recibió una suma proporcional a su liquidación.”
El edificio principal fue adquirido por el Grupo Aldana en una subasta pública, y aunque no se ha confirmado el destino del predio, se habla de un posible emprendimiento mixto. “Es una planta inmensa. Entendemos que planean dividir espacios para diferentes actividades, pero los detalles del proyecto están en manos del comprador,” aclaró Echelini. La otra planta, ubicada en avenida Irigoyen, también fue vendida años atrás antes del cierre de Guilford. En la actualidad, los terrenos han sido reutilizados por diferentes propietarios.
Uno de los mayores desafíos sigue siendo la reinserción laboral de los ex empleados, especialmente aquellos de entre 50 y 60 años. “Las personas jóvenes logran encontrar trabajo más rápido, pero los mayores han enfrentado una situación muy delicada, algunos sin poder cubrir necesidades básicas como la luz. Viven con subsidios que apenas alcanzan los 40 mil pesos al mes. Es un panorama complejo, sobre todo con la retracción económica que enfrenta la ciudad por la crisis en la industria del petróleo,” señaló Echelini.
Aunque la situación avanza lentamente, Echelini destacó que los empleados han tenido “una racha de mala suerte que incluyó demoras judiciales, paros en la provincia y la pandemia,” lo que dificultó una solución rápida.
Con propiedades aún pendientes de subastar, el abogado se muestra optimista de que podrán cubrirse las deudas restantes. Sin embargo, advierte: “Es necesario un plan paliativo que apoye a este sector, especialmente para los trabajadores de mayor edad que quedaron atrapados en esta difícil transición económica.”