Seguridad Vial denunció que un chofer condenado por un homicidio vial en 2015, que recibió inhabilitación para conducir, presuntamente continuó manejando profesionalmente, incluso para YCRT, con documentación falsa.
Un escándalo golpea a la localidad de Río Turbio, en Santa Cruz, donde la Agencia Vial de Seguridad denunció que un conductor profesional que fue condenado por el homicidio culposo de Ezequiel “Sapito” Víctor Orellano en una tragedia vial, presuntamente siguió conduciendo vehículos libremente, con documentación trucha, incluido un camión de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio,
Enterada de las sospechas del organismo provincial, que vuelve a poner en duda las fallas en el sistema judicial y de control vehicular, la familia del joven de 24 años fallecido casi diez años atrás, en 2015, salió a manifestar su indignación.
“Todo está arreglado a favor de este asesino”, manifestó indignada Patricia González, madre de Ortellano, quien anteriormente ya había denunciado irregularidades desde el inicio del proceso judicial.
El accidente que le costó la vida a Sapito Orellano ocurrió el 23 de noviembre de 2015 en la ruta complementaria Nº 20, cuando el Renault Clío que conducía Ariel Tamayo impactó violentamente contra un Volkswagen Voyage manejado por Tamayo. El choque también dejó herido a un peatón que recibió esquirlas de los vehículos.
La Justicia dictaminó para Tamayo una condena de 3 años de prisión en suspenso y 10 años de inhabilitación para conducir, una sanción que fue amargamente cuestionada por la familia de Sapito Orellano, y que además -según denuncia ahora.- aparentemente nunca se cumplió efectivamente.
“Nos enteramos por casualidad del juicio. Ni siquiera nos notificaron”, reveló González, quien ahora exige una investigación a fondo por la presunta complicidad o impericia que habría permitido al responsable evadir su condena.
Lo que les resulta más indignante a los denunciantes es que Tamayo, siendo chofer profesional, habría continuado trabajando normalmente para YCRT, violando flagrantemente la prohibición judicial de conducir vehículos.
Karen Cader, abogada de la APSV, confirmó la presentación de una denuncia penal por falsificación de documento público y quebrantamiento de pena, con pruebas ya entregadas a la Fiscalía de Río Turbio.
“Es inadmisible que un conductor profesional, responsable de una muerte, circule impune”, subrayó en diálogo con La Opinión Austral la representante legal del organismo, que tras la denuncia en fiscalía evalúa sumarse como querellante a la causa.
Con la indignación acumulada durante casi diez años, Patricia González advierte: “Voy a luchar por justicia”. Su reclamo resuena con fuerza en una provincia donde los accidentes viales son frecuentes y las condenas suelen ser demasiado benévolas, y en la que hace muy poco esto dio nuevas señales con una condena inédita para un conductor declarado responsable de otra tragedia vial.