A casi un mes del hecho, la autopsia confirmó que la joven intentó defenderse. Más de 10 efectivos fueron suspendidos preventivamente por posibles irregularidades en el operativo.
A pocos días de cumplirse un mes del femicidio de Antonella Aybar, la comunidad de Caleta Olivia, Santa Cruz, sigue conmocionada y a la espera de respuestas. La joven emprendedora de 25 años fue asesinada el 16 de mayo en la vivienda que compartía con su pareja, Nicolás Moyano, y la madre de este, Stella Maris Ganga, en la calle Escocia del barrio 13 de Diciembre.
La autopsia al cuerpo de la víctima arrojó datos estremecedores: Antonella tuvo una muerte prolongada y presentaba signos de haber intentado defenderse. Además, un análisis toxicológico confirmó que Moyano, de 23 años, había consumido marihuana y cocaína antes de cometer el crimen. La causa está en manos del juez Gabriel Contreras, titular del Juzgado de Instrucción Penal N° 2.
Uno de los interrogantes que más eco generó en la opinión pública es por qué los efectivos de la Comisaría Cuarta, alertados por la situación, no ingresaron a la vivienda a tiempo. El 21 de mayo, el ministro de Seguridad provincial, Pedro Pródromos, solicitó a la Jefatura de Policía que Asuntos Internos iniciara una investigación sobre el accionar de los agentes.
Según el testimonio de Stella Maris Ganga ante la Comisaría de la Mujer, su hijo comenzó a agredir físicamente a Antonella, y cuando ella intentó intervenir, Moyano la amenazó, salió del cuarto, tomó un cuchillo de la cocina y atacó a su pareja. Un vecino que ayudó a la mujer declaró que la madre del agresor salió gritando que su hijo había apuñalado a la joven y que pidió a los policías presentes que ingresaran a la casa.
Carlos Kovaluk, comisario inspector y vocero de la Policía de Santa Cruz, informó en diálogo con LU12 AM680 que, en el marco de la investigación interna, se dispuso la suspensión preventiva de 13 efectivos policiales, de distintas jerarquías. La medida se basa en el artículo 105 del decreto 2091/62, que permite suspensiones de hasta 30 días con el objetivo de garantizar una investigación transparente.
“Es una medida temporal, no punitiva, que no implica juicio de culpabilidad”, explicó Kovaluk, quien aclaró que busca permitir el desarrollo del proceso administrativo y la eventual asignación de responsabilidades.
Por su parte, Mario Aybar, padre de la víctima, se refirió a las recientes suspensiones: “Queremos saber exactamente cuándo falleció mi hija, hay inconsistencias en los horarios y varias hipótesis en torno a la línea de tiempo que no coinciden”, señaló. Si bien la familia aún no designó abogado querellante, Aybar explicó que mantiene contacto directo con el juez de la causa y tiene acceso al expediente.
Fuente: La Opinión Austral