Fue condenado penalmente en la Comarca Andina tras reconocer que utilizó redes sociales y mensajería para hostigar, difamar y extorsionar a una mujer en El Maitén.
Lo que comenzó como una campaña de desprestigio en redes sociales terminó con una condena penal firme en la comarca andina. La Fiscalía de Lago Puelo alcanzó un acuerdo de juicio abreviado con la defensa de Diego Gabriel “Pipo” Arias, quien fue declarado autor penalmente responsable de los delitos de coacción simple y desobediencia a la autoridad, luego de haber hostigado durante meses a una mujer de la localidad de El Maitén.
La resolución judicial homologó el acuerdo alcanzado por las partes y dispuso además el secuestro del teléfono celular que el imputado utilizó para llevar adelante las acciones de hostigamiento, amenazas y persecución contra la víctima.
El caso fue impulsado por el funcionario de fiscalía Natanael Yamil Abad, quien promovió la aplicación del juicio abreviado como una herramienta procesal para acelerar el proceso judicial y evitar que la víctima tuviera que atravesar el desgaste emocional de un juicio oral. De esta manera, Arias reconoció su responsabilidad penal en los hechos, lo que permitió obtener una condena firme sin necesidad de un debate público.
Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que en los casos vinculados a violencia de género digital resulta clave actuar con rapidez para frenar el daño psicológico que sufren las víctimas cuando los ataques se prolongan en el tiempo.
La investigación judicial permitió reconstruir cómo comenzó y escaló el hostigamiento. Según se estableció, en junio de 2024 Arias creó un perfil falso en Facebook con el objetivo de difamar al centro de estética que la víctima tenía en El Maitén. A través de ese perfil comenzó a publicar contenido destinado a perjudicar la reputación del emprendimiento y afectar su actividad económica.
De acuerdo con la acusación, el objetivo del agresor era generar un daño económico que debilitara la independencia de la mujer. Con el paso del tiempo, el hostigamiento digital se volvió cada vez más agresivo y derivó en amenazas directas.
Durante la investigación, la Fiscalía logró recuperar mensajes enviados por Arias a través de Messenger y WhatsApp, donde la violencia escalaba de manera evidente. En uno de los textos recuperados, el imputado amenazaba a la mujer con convertir su vida en una pesadilla hasta que abandonara la localidad.
La situación alcanzó un nivel aún más grave cuando el acusado condicionó el cese de los ataques en redes sociales a la obtención de favores sexuales. Esos mensajes, incorporados a la causa, reflejaron el grado de violencia y presión ejercido sobre la víctima.
El accionar del agresor tampoco se detuvo cuando la mujer decidió denunciar lo sucedido. Incluso mientras ella se encontraba en la Comisaría de la Mujer realizando la denuncia, Arias continuaba llamándola por teléfono. Posteriormente también violó las medidas judiciales que le prohibían acercarse a la víctima.
Según la investigación, el hombre llegó incluso a perseguirla físicamente a bordo de un automóvil gris en cercanías del puente sobre el río Chubut, en un episodio que incrementó el temor y la presión sobre la mujer.
Para probar los hechos, la División Policial de Investigaciones trabajó junto a la Fiscalía en un proceso que los investigadores describieron como una verdadera “cirugía digital”. A partir del análisis de la evidencia tecnológica se logró reconstruir el origen de los perfiles falsos y vincularlos directamente con el acusado.
Los investigadores cruzaron información con empresas de telefonía y con la compañía Meta, responsable de la red social Facebook. Además, el secuestro del teléfono celular de Arias permitió recuperar conversaciones, mensajes y capturas de pantalla que el propio agresor creía haber eliminado.
Esas pruebas fueron clave para sustentar la acusación y confirmar el patrón de hostigamiento que sufrió la víctima durante meses.
Aunque la mujer decidió mudarse posteriormente a la ciudad de Bariloche para recuperar tranquilidad y reconstruir su vida, desde la Fiscalía destacaron que la sentencia envía un mensaje claro sobre los límites legales del comportamiento en internet.