Denuncias anónimas revelaron que detenidos eran trasladados para trabajar en una vivienda perteneciente a una autoridad policial. El hecho provocó la destitución inmediata del jefe y subjefe de la comisaría.
Una serie de denuncias anónimas expuso un grave caso de corrupción dentro de la Policía de Tucumán. Según confirmaron fuentes oficiales, varios presos eran sacados de los calabozos para trabajar como albañiles en una casa de veraneo que pertenecería a un alto jefe de la fuerza.
La situación derivó en la destitución inmediata de los máximos responsables de la Unidad Regional Norte. Además, ya hay cuatro personas detenidas mientras avanza la investigación judicial.
El escándalo salió a la luz luego de varios llamados al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, que alertaron sobre la presencia de detenidos y policías realizando tareas de construcción en una propiedad vinculada a Gustavo Beltrán, jefe de la Unidad Regional Norte.
Frente a la denuncia, Agüero Gamboa informó de inmediato al gobernador Osvaldo Jaldo, y ambos recurrieron a la fiscala de Estado, Gilda Pedicone, para esclarecer los hechos. La reacción oficial fue inmediata: en Casa de Gobierno se redactó un decreto que dispuso la baja directa de Beltrán y de su segundo, el comisario Sergio Juárez.
Ambos estaban a cargo de una de las jurisdicciones más importantes de la provincia, que incluye a Trancas, Las Talitas, Tafí Viejo y Yerba Buena. La decisión fue categórica: no fueron pasados a retiro ni puestos en disponibilidad, sino directamente expulsados de la fuerza, lo que implica que por un tiempo no podrán acceder a la jubilación.
El decreto, firmado por Jaldo y Agüero Gamboa, fue contundente al señalar “conductas incompatibles con la función policial que afectan gravemente la confianza de la sociedad”.
De acuerdo con los primeros resultados de la investigación, al menos cuatro detenidos habrían sido trasladados periódicamente a la casa de Beltrán, aunque el día del operativo solo encontraron a dos. Los presos eran llevados en un patrullero y los efectivos que los custodiaban también participaban en las tareas de construcción, pese a que debían estar cumpliendo servicio activo.
Fuentes cercanas a la causa revelaron a La Gaceta un dato preocupante: los detenidos estaban condenados por abusos sexuales y alojados en los calabozos de la Unidad Regional Norte, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia dispuso que los penados deben permanecer en cárceles provinciales.
Ante la magnitud del caso, desde la cúpula policial advirtieron: “En estos casos no aplica la obediencia debida. Nadie puede callarse si ve semejantes irregularidades”. Además, recordaron que los presos solo pueden salir del lugar de detención con autorización judicial y que toda salida debe registrarse formalmente.
El jefe de Policía, Joaquín Girvau, fue tajante al afirmar: “Esta es una falta muy grave y tendrán que responder penalmente. Vamos a realizar una depuración en la fuerza. Los que cometan delitos se irán de la Policía”.
La fiscala Mariana Rivadeneira ordenó la detención de Beltrán, quien fue convocado al Departamento D1 —dependencia de Recursos Humanos de la Policía— y quedó aprehendido tras varias horas. Juárez también fue detenido, aunque se presentó de manera espontánea y entregó su teléfono celular. La Justicia analiza su responsabilidad por no haber denunciado las maniobras de su superior.
Finalmente, el decreto 3.407 del Ministerio de Seguridad definió la sanción como “la respuesta adecuada frente a la gravedad de los hechos verificados” y estableció que “del análisis de la prueba producida, surge acreditada la materialidad de los hechos y la responsabilidad disciplinaria de los agentes”.