En la audiencia preliminar contra los tres imputados que están siendo sometidos a juicio oral y público por la causa “Royal Canin”, el fiscal general Héctor Iturrioz dio cuenta de la expectativa de pena que podría caberle a Leticia Huichaqueo, Marcelo Suárez y Juan Carlos Gómez
Para Hichaqueo el fiscal Iturrióz anticipó una pena provisoria de cinco años de prisión más inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Para Gómez, la pena de cuatro años y medio. Ambos por el delito de peculado reiterado en carácter de coautores, además de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Para Suarez, la imputación de falsedad ideológica en carácter de partícipe necesario, agravado por ser funcionario público con una pena provisoria de tres años y medio de prisión más el doble de ese tiempo de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
En el inicio de la primera jornada de debate, el abogado defensor de Suárez dijo que en el debate las pruebas documentales y testimoniales probarán que el funcionario es inocente. Destacó que “llama la atención” que otras personas no hayan sido llevadas juicio y que la imputación de Suárez es “arbitraria”. El abogado Miguel Moyano anticipó que según su criterio “el señor Suárez quedará desvinculado de esta causa”.
Por su parte Javier Romero que defiende a la ex Ministro de la Familia Huichaqueo, también rechazó la acusación del fiscal Iturrioz y concluyó en que en el juicio quedará demostrada su inocencia. Lo mismo manifestó el defensor Pablo Sánchez que asiste a Gómez. Expresó que el fiscal Iturrioz no podrá probar los hechos.
En el inicio de la ronda de testigos en la causa “Royal Canin”, declaró la persona que realizó la denuncia penal sobre la presunta venta ilegal de las bolsas donados. Se trata de Gisel Manzanares, una docente que preside la Asociación Española de Socorros Mutuos de Puerto Madryn y que de manera particular se dedica a la atención de perros en situación de calle.
Fue quien gestionó ante la empresa “Royal Canin” las donaciones a enviar a la provincial del Chubut. Ante el visto bueno de la empresa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se puso en contacto con la fundación “Alma” de la ciudad de Comodoro Rivadavia para que reciba las 491 bolsas de alimentos las que fueron fotografiadas al momento de la partida.
Dijo que desde esa fundación le manifestaron que las bolsas nunca arribaron. Al momento de realizar las primeras averiguaciones, observó que a través de las redes sociales, se vendía el alimento a mitad de precio, sin recomendaciones de veterinarios y solo posible a través de locales comerciales habilitados. Calificó lo ocurrido como “bochornoso y de una real bajeza” aprovechar la situación de emergencia, para concluir en que “el Ministerio de Familia se había quedado con las bolsas”.
El segundo testigo propuesto por el fiscal Iturrioz fue Juan Carlos Nuñez, quien en ese momento se encontraba adscripto a la Unidad especializada en delitos contra la administración pública, refirió “que la fiscal jefa de la ciudad de Trelew, Silvia Pereira estaba a cargo de la investigación en el inicio y le solicitó que tomará conocimiento de una denuncia radicada en la ciudad de Pto Madryn relacionada con una donación de alimentos para perros.
Nuñez manifestó que a través de las redes sociales se pudo conocer que se estaban vendiendo bolsas de alimentos a un precio bajo. A partir de estos sucesos se comenzó con la investigación junto a Mario Nahuelcheo y Ruben Kolher, bajo las directivas de la fiscal jefe de la ciudad de Trelew Silvia Pereira.
Nuñez también refirió “nos hicimos presentes en casa de Gobierno, estaba la ministro Huichaqueo y pudimos obtener documentación y verificar la falta de control, a partir de esta situación la fiscal jefa decidió ordenar un allanamiento a los depósitos que se encuentran camino a Playa Unión. Allí, la encargada Gisela Vanina Barale, “nos dijo que no existía ningún registro de las donaciones que se estaban realizando”. “En ese depósito no había nada, solo unos bidones de agua que estaban al sol y que ya no servían, ropa sucia, y ninguna bolsa de alimentos”. Hasta el momento lo único que se tenía eran unos remitos que fueron obtenidos en casa de gobierno y sabíamos que el flete entre Buenos Aires y Comodoro Rivadavia se había pagado desde coordinación de gabinete y del remito surgía que se trataba de 450 bolsas de alimentos para mascotas marca Royal Canin. Posteriormente, la fiscal jefa dispuso que la causa continúe en Comodoro Rivadavia con un fiscal de esa jurisdicción finalizó el investigador.
El tercer testigo propuesto por el Ministerio Público Fiscal, fue Brian Elias, quien cumple funciones en la UFE, fue el encargado de realizar informes sobre publicaciones en la red de Facebook relacionadas con la campaña de donaciones durante la emergencia climática y las filmaciones sobre las distintas entrevistas que se realizaron conforme el pedido del fiscal Iturrioz.
El cuarto testigo Walter Daniel Ojeda, Sargento de la Policía de investigaciones, durante el año 2017 se desempeñó en el área de científica de la Policía Provincial. Fue el responsable de realizar el informe fotográfico.
Gisela Vanina Barale, quinto testigo, encargada del depósito, empleada municipal de la ciudad de Rawson, tenía rango de directora, refirió al momento en que se desarrolló la emergencia climática, “la situación era caótica” en los depósitos se guardaban alimentos, agua, y materiales de construcción. Llegaron tres camiones de Buenos Aires enviados desde Casa del Chubut. No se firmaban generalmente remitos refirió.
-Producido por el Área Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal de Chubut, Oficina Rawson.