La insistencia fue aprobada por 63 votos en el Senado, lo que obligará al Ejecutivo a promulgar la norma. La última vez que cayó un veto fue en 2003.
Por 63 votos afirmativos, el Senado de la Nación ratificó este jueves la Ley de Emergencia en Discapacidad y rechazó el veto total que había impuesto el presidente Javier Milei. La decisión obligará al Poder Ejecutivo a promulgar la ley, en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional. El caso marca un hito legislativo: hacía 22 años que el Congreso no invalidaba un veto presidencial.
La norma había sido aprobada inicialmente con amplio respaldo en ambas cámaras, por más de dos tercios de los votos. Esta nueva insistencia confirma ese consenso parlamentario y da respuesta a los reclamos del colectivo de personas con discapacidad, que denunciaba recortes en pensiones, atrasos en pagos a prestadores y falta de actualización de aranceles.
Qué prevé la ley ratificada
La norma declara la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 e instruye al Poder Ejecutivo a garantizar financiamiento adecuado y sostenido para pensiones no contributivas, prestadores y programas específicos. Además, se habilita la actualización automática de aranceles y se autoriza a otorgar pensiones a personas mayores de 70 años o con discapacidad sin recursos propios, que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
También incorpora mecanismos de diálogo institucional con el Consejo Federal de Discapacidad y faculta al jefe de Gabinete a realizar ampliaciones presupuestarias sin afectar partidas de servicios sociales.
La sesión
La sesión fue presidida por Bartolomé Abdala ante la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien quedó a cargo del Ejecutivo por el viaje de Milei a Estados Unidos. Durante el debate, senadores de distintos bloques criticaron la fundamentación del veto presidencial, que argumentaba la necesidad de preservar el equilibrio fiscal.
“Este veto es una expresión brutal de desprecio por los derechos de las personas con discapacidad”, sostuvo Daniel Bensusan (UxP-La Pampa). En el mismo sentido se expresó Natalia Gadano (UxP-Santa Cruz), quien señaló: “No se puede vetar la dignidad ni la igualdad”.
También se sumaron voces críticas desde otros bloques. Guadalupe Tagliaferri (PRO-CABA) afirmó: “La libertad no es abandonar a los argentinos a la buena de Dios”, mientras que el fueguino Pablo Blanco (UCR) remarcó que “el ajuste no puede pasar por la gente que más lo necesita”.
Posturas en defensa del veto
En minoría, un grupo de senadores de La Libertad Avanza y aliados defendieron la decisión presidencial. Carmen Álvarez Rivero (LLA-Córdoba) sostuvo que “ya existe una ley de discapacidad” y que “no se necesitan más normas sino gestión”. También planteó que la ley ratificada podría implicar un aumento del gasto sin contrapartida.
El senador Martín Lousteau (UCR-CABA) admitió la necesidad de auditar y ordenar el sistema, pero pidió hacerlo “con gestión, sin motosierra”.
Nueva derrota política
El rechazo al veto presidencial ocurre en paralelo al avance de la causa judicial que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Aunque la ley había sido impulsada antes de que estallara el escándalo de los audios, el contexto le otorgó una carga simbólica adicional al debate.
Senadores como Juliana Di Tullio (UxP-Buenos Aires) y José Mayans (UxP-Formosa) vincularon la resistencia del Gobierno a la sanción de la ley con los intereses detrás de los recortes y las contrataciones en la agencia. “La plata para financiar esta ley sale del sobreprecio y la coima”, lanzó Tagliaferri en un pasaje que generó repercusión. En tanto, el bloque oficialista denunció un intento de desestabilización y acusó a la oposición de “utilizar la discapacidad para atacar al presidente”.
Puntos clave de la Ley de Emergencia en Discapacidad
La ley ratificada por el Congreso tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y garantiza financiamiento para pensiones no contributivas por discapacidad. Además, ordena actualización automática de aranceles del sistema de prestaciones. Por otra parte, autoriza otorgamiento de pensiones a mayores de 70 años o con CUD sin cobertura, establece diálogo institucional con el Consejo Federal de Discapacidad, e impide usar partidas de servicios sociales para cubrir. reestructuraciones.