Con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta se contratan desde el Municipio 197 empresas, horas máquinas y maquinaria vial. Se confeccionaron partes diarios, fraguados, que eran autorizados para sus pagos por los funcionarios Boyero y Palomeque.
El presente jueves se desarrolló en sede de los tribunales penales del barrio Roca una nueva jornada de debate en la causa denominada “Emergencia Climática I” en Comodoro. En la fecha se continuó con la incorporación de la prueba documental por parte de la fiscalía y para el miércoles 12 de la semana que viene se espera comiencen los alegatos finales de las partes.
El fiscal Olazabal oralizó numerosos Partes diarios con los consolidaos de horas máquinas utilizadas en la Emergencia, las zonas de trabajo de la firma Astoil, con la firma del responsable por la empresa y como Inspector Municipal Joaquín Mansilla, también se exhibieron firmas de Palomeque y Boyero. Asimismo, se incorporó un Dictamen del Tribunal de Cuentas Municipal, con la firma del letrado Javier Mosquera, donde se giran actuaciones a Asesoría Letrada del municipio en el mes de septiembre de 2017.
El tribunal de debate está presidido por Mariano Nicosia e integrado por Martín Cosmaro y Carlos Tedesco, jueces penales; el Ministerio Público Fiscal es representado por Cristian Olazabal, fiscal general; acompañado por Fabiola López y Cristian Ovalle, funcionarios de fiscalía. La defensa de Boyero, es ejercida por Guillermo Iglesias; la de Mansilla, Sartori, Van Heerden, Herk y Lara la ejerció María de los Ángeles Garro, y la de Palomeque por María Cristina Sadino, ambas defensoras públicas; la de Lobos Rozas y Morales por Juan Bill, e Ivo Di Taranto defiende a los hermanos Pérez, abogados de la defensa pública; en tanto que la defensa de Monasterolo y Astiz fue ejercida por Fabián Gabalachis, abogado particular de los mismos.
“Emergencia Climática I” en Comodoro:
La investigación se origina como consecuencia de la tormenta denominada “ciclón extra-tropical” que azotó nuestra ciudad entre los días 29 de marzo y 9 de abril de 2017 en la cual según el Servicio Meteorológico Nacional se produce la precipitación de casi 400 mm. de agua, que generó consecuencias nefastas en distintas zonas de la ciudad que anegó calles y viviendas. El 5 de abril de 2017 el Consejo Deliberante local declara la emergencia económica, social y administrativa y libera al Poder Ejecutivo local a cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos. Así con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta se contratan desde el Municipio 197 empresas, horas máquinas y maquinaria vial. Se confeccionan partes diarios, fraguados, que eran autorizados para sus pagos por los funcionarios Boyero y Palomeque.
Entre los imputados se encuentran: Cristian Hernán Lobos Rozas, Joaquín Mansilla, Abel Boyero y Rubén Palomeque (estos dos últimos funcionarios públicos al momento de los hechos); Javier Morales, Julián Astiz, Roberto Monasterolo, los hermanos Cristian y Gonzalo Pérez, Alejandro Herk, Marcelo Van Heerden, Rubén Sartori y Juan Carlos Lara.