Lo confirmó el gobernador Gustavo Melella tras conocerse el anuncio del gobierno nacional para los productos tecnológicos que se ensamblan en la isla austral. Unos 8500 puestos de trabajo dependen de la industria electrónica.
El anuncio del gobierno nacional sobre la posible reducción de aranceles a los productos tecnológicos ensamblados en Tierra del Fuego desató una fuerte reacción en la provincia, donde la industria electrónica emplea a unas 8.500 personas. Frente a este escenario, el gobernador Gustavo Melella advirtió que, de concretarse la medida, su administración avanzará con acciones judiciales contra el Ejecutivo nacional.
Aunque todavía se aguarda la publicación oficial del decreto, las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni ya generaron un profundo rechazo en la isla. Melella expresó que no permitirá que se falte el respeto al pueblo fueguino con decisiones que afectan directamente su economía y advirtió que si se confirma la medida, el camino judicial será inevitable.
En diálogo con Radio Provincia de Ushuaia, el mandatario también cuestionó con dureza al diputado José Luis Espert y al ministro Federico Sturzenegger, a quienes acusó de despreciar a Tierra del Fuego al proponer, en tono despectivo, convertirla en un “parque de diversiones”.
Uno de los principales focos de preocupación es el impacto laboral que implicaría la quita de aranceles. Melella recordó que ya se vivió una situación similar durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se perdieron miles de empleos. Según señaló, no sólo peligra el empleo en las plantas electrónicas, sino también en sectores dependientes como el comercio y los servicios.
En señal de protesta, trabajadores de las fábricas electrónicas iniciaron paros por tiempo indeterminado, una medida respaldada por el gobernador, quien consideró legítimo el reclamo ante la amenaza de un nuevo golpe al empleo industrial. La crisis no sólo afectaría a las empresas, sino también a toda la estructura económica y social de la provincia.
Por su parte, la ministra de Producción y Ambiente, Karina Fernández, advirtió que la medida pondría en riesgo la competitividad local, y la presidenta de AFARTE, Ana Vainman, se mostró cauta ante las promesas del ministro de Economía, Luis Caputo, quien propone una simplificación aduanera que genera más dudas que certezas entre los fabricantes fueguinos.