A través del vocero Manuel Adorni el gobierno anunció una serie de medidas y ratificó que “todas las empresas públicas están sujetas a privatización”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, encabezó este martes una conferencia de prensa para informar que Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal encargada de operar las centrales nucleares del país, iniciará su proceso de privatización parcial. Según detalló, el decreto oficial que dará inicio al procedimiento se dará a conocer en los próximos días.
“Se firmará el decreto que pone en marcha la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina”, señaló Adorni.
NA-SA gestiona las tres centrales nucleares del país —Atucha I, Atucha II y Embalse— y ya estaba contemplada dentro de la Ley de Bases como una de las empresas estatales sujetas a privatización.
Venta del 44% de las acciones
El Gobierno informó que se licitará el 44% de las acciones de NA-SA, mediante un proceso abierto tanto a nivel nacional como internacional. El Estado conservará el 51% del capital, manteniendo así el control mayoritario de la empresa. Además, se prevé un programa de participación accionaria de hasta el 5% del capital, que incluirá la posibilidad de que los trabajadores se integren al esquema de propiedad.
Desde la Secretaría de Energía destacaron que esta medida, alineada con la política de “fin del Estado empresario” del gobierno, permitirá incorporar financiamiento privado, ordenar las cuentas públicas y mantener la operación de las centrales de manera eficiente y competitiva.
Qué es Nucleoeléctrica Argentina
NA-SA administra las tres centrales nucleares del país, que suman una potencia instalada de 1.763 MW y aportan aproximadamente el 7% de la energía eléctrica nacional. La empresa, dirigida por Demian Reidel, es una de las pocas estatales con superávit: en el primer trimestre de 2025 reportó ganancias por $17.234 millones, y su valuación total podría alcanzar hasta US$1.000 millones, según analistas del sector.
Hasta ahora, los accionistas de NA-SA son el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina (Enarsa). Para avanzar con la privatización, estas acciones se transferirán a la Secretaría de Energía.
En 2023, la empresa recibió transferencias de capital no reintegrables por $700 millones del Estado, mientras que en 2024 no se efectuaron aportes, marcando un cambio hacia un modelo con mayor participación privada.
Según explicaron desde Energía, este esquema garantizará fondos para proyectos estratégicos como la extensión de vida útil de la Central Atucha I, que planea reingresar al mercado en 2027, y el proyecto de Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II).