La Fiscalía sostiene que el exdirigente habría utilizado fondos del gremio para afrontar gastos personales y familiares.
La investigación que tiene como principal imputado al exsecretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Guillermo Quiroga, ingresó en una nueva instancia: la causa fue elevada a juicio oral y público luego de que la jueza de garantías de Rawson, Eve Ponce, rechazara los planteos formulados por la defensa durante la audiencia preliminar.
La decisión fue notificada luego de cuatro jornadas de audiencias en las que las partes discutieron distintas cuestiones procesales, entre ellas un planteo de nulidad presentado por el defensor Oscar Romero sobre parte de la prueba incorporada por el Ministerio Público Fiscal.
El planteo estuvo dirigido particularmente contra la pericia contable. Sin embargo, la magistrada consideró que no correspondía hacer lugar a la objeción y habilitó el avance de la investigación hacia el debate oral con la prueba presentada por la Fiscalía y las calificaciones jurídicas sostenidas por el Ministerio Público Fiscal.
Así lo explicó a Canal 12 el fiscal general jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE DAP), Lucas Papini, quien señaló que ahora resta que la Oficina Judicial determine la fecha para la realización del juicio.
Administración fraudulenta
La Fiscalía acusa a Quiroga por el delito de defraudación por administración fraudulenta, en perjuicio de la Asociación de Trabajadores del Estado y bajo la modalidad de delito continuado.
De acuerdo con la acusación, los hechos investigados se extienden entre 2019 y 2023, período en el que Quiroga estuvo al frente de la conducción del sindicato.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por una asociada de ATE quien posteriormente se constituyó como querellante con patrocinio jurídico.
A partir de esa presentación se desplegó una investigación que incluyó entrevistas, requerimientos de información, documentación bancaria y pericias contables realizadas por contadores del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General.
El análisis tuvo como eje la trazabilidad de los movimientos financieros y la comparación entre los ingresos declarados por Quiroga y los egresos que pudieron ser corroborados.
Transferencias desde las cuentas del gremio
Según explicó Papini, el mecanismo que se encuentra bajo investigación consiste principalmente en transferencias de dinero desde cuentas pertenecientes a ATE hacia cuentas personales de Quiroga, seguidas de gastos que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, no estarían vinculados con la actividad sindical.
La pericia contable permitió reconstruir el recorrido de esos fondos y establecer, según la acusación, una diferencia entre los ingresos que el dirigente tenía declarados y los gastos que efectivamente realizó.
La Fiscalía sostiene que ese dinero habría sido utilizado para gastos personales y familiares, entre ellos transferencias a sus hijos, alquileres, consumos con tarjetas de crédito y viajes.
Una presunta defraudación de $22,7 millones
Uno de los datos centrales de la acusación está relacionado con el monto atribuido.
Según precisó el fiscal, la imputación alcanza aproximadamente a $22,7 millones, cifra correspondiente al momento en que ocurrieron los hechos y que surge de la diferencia establecida a partir de la pericia contable.
Papini aclaró que se trata de un monto sin actualización. En caso de que eventualmente exista una condena y se determine un resarcimiento económico, correspondería establecer posteriormente la actualización que resulte aplicable.
De esta manera, el monto que llegará al debate oral no necesariamente representa el valor actual del perjuicio económico que la Fiscalía atribuye a la maniobra investigada.
Los fueros no impidieron la investigación
Otro de los aspectos abordados por Papini fue la situación de Quiroga respecto de los fueros sindicales que tenía al momento en que se inició la investigación.
El fiscal explicó que los fueros no impedían realizar una investigación penal, aunque sí podían limitar determinados actos procesales mientras esa protección se encontraba vigente.
Durante el desarrollo de la investigación se sancionó, además, una nueva legislación provincial que modificó el régimen de fueros sindicales y de otro tipo.
Según remarcó el fiscal, más allá de esos cambios normativos, la investigación continuó su curso hasta llegar a la acusación y ahora al juicio oral.
La Fiscalía pidió 3 años y 2 meses de prisión
Con la elevación a juicio ya resuelta, una de las cuestiones centrales será la pretensión de pena que sostendrá el Ministerio Público Fiscal.
Papini confirmó que la Fiscalía solicitará una pena de 3 años y 2 meses para Quiroga, de acuerdo con la calificación jurídica sostenida y bajo el principio de objetividad que rige la actuación del Ministerio Público.
La fecha del debate todavía no fue establecida. La determinación dependerá de la agenda de la Oficina Judicial y de la disponibilidad de los jueces.
El juicio podría realizarse durante lo que resta de 2026 o, eventualmente, durante 2027, aunque por el momento no existe una fecha confirmada.
Qué podría ocurrir si hay una condena
Además de la eventual consecuencia penal, una condena firme podría tener impacto sobre la posibilidad de que Quiroga ejerza determinados cargos públicos.
Papini vinculó esta cuestión con las disposiciones de la denominada Ley de Ficha Limpia, que establece impedimentos para ejercer cargos públicos en determinados supuestos cuando existe una condena penal firme.
De todos modos, el fiscal aclaró que cualquier consecuencia de ese tipo dependerá del resultado del proceso y, fundamentalmente, de que una eventual condena quede firme en las distintas instancias judiciales.
Por ahora, el expediente entra en una etapa decisiva: la investigación quedó cerrada y la acusación superó la audiencia preliminar. El próximo escenario será el debate oral, donde la Fiscalía deberá demostrar la hipótesis de defraudación que sostiene desde el inicio de la causa y la defensa tendrá la oportunidad de controvertirla ante los jueces.
Fuente: Canal 12 Web