La medida busca exigir la reapertura de paritarias y la aplicación urgente de la Ley de Financiamiento Universitario. Se desarrollará del 12 al 14 de noviembre.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios – CONADU Histórica – profundiza el plan de lucha con un nuevo paro nacional de 72 horas.
El Congreso Extraordinario de CONADU Histórica, realizado el jueves 30 de octubre con la participación de 84 representantes de las asociaciones de base de todo el país, resolvió dar continuidad al plan de acción gremial en defensa de la universidad pública y los salarios de la docencia universitaria y preuniversitaria.
“Ante el profundo deterioro salarial y la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional, nuestra federación exige la inmediata convocatoria a paritarias y la urgente implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, instrumentos imprescindibles para garantizar condiciones dignas de trabajo y el sostenimiento del sistema educativo público”, indicaron.
De esta forma, el gremio docente convocó a un paro nacional de 72 horas los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre de 2025, en el marco de la continuidad del plan de lucha en todas las universidades del país.
Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario
El proyecto aprobado por el Congreso contempla la reapertura de paritarias para docentes y nodocentes —congeladas desde octubre del año pasado—, la actualización de los fondos destinados a gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico, y la creación de un fondo de $10.000 millones (ajustable por inflación) para promover el ingreso a carreras estratégicas.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto fiscal de la medida para este año alcanzaría los $1,96 billones, equivalentes al 0,23% del PBI.
Durante la misma sesión, el Senado también dejó sin efecto el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, una norma impulsada por trabajadores del Hospital Garrahan que reclama la recomposición salarial del personal de salud y recursos para el sistema de residencias médicas, que también se promulgó esta mañana, pero se postergó su aplicación hasta tanto el Congreso determine sus fuentes de financiamiento. La OPC calculó el costo anual de esa medida en $133.433 millones.